El financiamiento extranjero y los “delitos” políticos

Ismael Pérez Vigil
Politólogo
23 de Noviembre de 2004

Este artículo trata sobre la carta enviada al National Endowment for Democracy (NED) por el Embajador Venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, en la cual tergiversa y falsea la realidad jurídica del financiamiento a las ONG en Venezuela, con la obvia intención de cercar y aislar a los sectores democráticos venezolanos que defienden los derechos humanos y el estado de derecho, tratando de impedir que puedan obtener financiamiento externo para sus actividades, como parte de los intentos del Gobierno venezolano por criminalizar la disidencia política.


Algunos hechos corren el peligro de pasar desapercibidos por acontecimientos más actuales y no podemos permitir que eso ocurra, sobre todo cuando se trata de una conducta característica de regímenes autoritarios, que no es ajena al de Chávez Frías: utilizar políticamente cualquier evento, tergiversar los hechos, y hasta mentir. Me refiero a la reseña que hizo la prensa al finalizar la semana pasada de una carta dirigida por el embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, al Presidente del National Endowment for Democracy. La nota del Embajador Álvarez hacía referencia al financiamiento o asistencia económica concedida por esta organización a algunas asociaciones civiles venezolanas. Según la noticia de prensa, el embajador venezolano habría dicho en su carta (El Nacional 18 de noviembre de 2004, A/2) que “Es ilegal que los venezolanos acepten financiamiento del extranjero para intervenir en procesos democráticos internos en Venezuela”.

Esta afirmación es falsa. Tergiversa la verdad; y esa tergiversación del embajador venezolano, Bernardo Álvarez, no es un acto inocente, desde luego; detrás de ella se esconde una clara intención por parte del embajador: Confundir a la opinión pública internacional para cercar y evitar que se financie desde el exterior a quienes promueven la democracia en Venezuela. No es una carta que busca “aclarar” la ley e impedir un acto ilegal. Forma parte de la política del régimen de Chávez Frías de destruir a los partidos democráticos de oposición y sobre todo difamar a los que considera sus peores “enemigos”, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la sociedad civil, a las que teme más que a los partidos, porque sabe que son más eficaces y no son vulnerables a sus presiones y amenazas.

Esto no es un hecho aislado; tiene sus antecedentes en algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que he comentado en otras ocasiones. En particular dos sentencias del año 2000, que hacen referencia a la sociedad civil y una del año 2001, que se refiere a una demanda intentada contra el Ministerio de Finanzas por parte de algunos gobernadores de oposición. En estas sentencias, el Tribunal hace referencia a que no pueden ser consideradas como parte de la sociedad civil las organizaciones que reciben fondos del exterior. Pero comencemos por aclarar un punto.

Pero esas sentencias del TSJ no restringen, ni limitan, ni prohíben la posibilidad de actuar o de constituir organizaciones no gubernamentales o de que la sociedad civil se organice y ni siquiera prohíben o consideran delito que obtenga financiamiento externo. Lo que hacen es limitar las posibilidades de las asociaciones civiles para actuar en el contexto de la Constitución Bolivariana. Es decir, si de acuerdo con la Constitución es condición la calificación como organización de la sociedad civil para actuar en determinadas áreas o actividades —para postular candidatos a ciertos cargos, para obtener recursos del presupuesto, etc.— las sentencias del TSJ limitan considerablemente esa capacidad y restringen y menoscaban los privilegios y beneficios que la Constitución había conferido a la sociedad civil o sociedad organizada. Podemos decir que estamos frente a una confiscación legal o el menoscabo de un derecho por culpa de una interpretación del TSJ, pero no frente a la configuración de un delito, como equivocadamente pretende el embajador Bernardo Álvarez.

Pero no es ilegal en Venezuela, recibir fondos de organismos internacionales. Y ese fue un punto que el propio Presidente del Tribunal Supremo, Iván Rincón, aclaró públicamente hace un par de semanas en una declaración de prensa, al afirmar: “…el problema no es si un organismo internacional entrega fondos a alguien, sino el uso que se les da a los recursos y la transparencia de las actuaciones” (El Nacional 16 de noviembre de 2004). Lo que es ilegal en Venezuela, en esta materia, y que intencionalmente mal interpreta el embajador Bernardo Álvarez, es que los partidos políticos reciban “donaciones o subsidios… de compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero… o de estados extranjeros y organizaciones políticas extranjeras”. (Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, Artículo 25.4).

Esa norma esta recogida en una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), la número 040413-509, de este mismo año, que regula el financiamiento de las campañas electorales y de las “organizaciones con fines políticos” —como eufemísticamente se llama en Venezuela a los partidos desde que la Constitución bolivariana los eliminó— y que en su artículo 17 plantea exactamente lo mismo que dice la Ley de Partidos: Que los partidos no podrán “…recibir contribuciones anónimas, ni donaciones o subsidios… de compañías extranjeras o con casa matriz en el extranjero… ni de Estados Extranjeros u organizaciones extranjeras.” Resolución por cierto de dudosa legalidad, pues en el sistema legal venezolano, es en las leyes en donde se establecen las sanciones y los delitos.

Pero, ni las organizaciones que nombra el embajador Bernardo Álvarez —Cedice, Momento de la Gente, Liderazgo y Visión, CTV, Asamblea de Educación— son partidos políticos, ni apoyaron, ni postularon candidatos en ninguno de los procesos electorales, ni participaron en las campañas electorales.

Sí recibir fondos del exterior fuera un delito per se, como pretende el embajador Álvarez al tergiversar lo que dice la Ley, estarían también cometiendo delito: La Asamblea Nacional y todos los parlamentarios del denominado Grupo de Boston, que han recibido asistencia económica para viajar y reunirse en el exterior y en Caracas para discutir los problemas del país; el Tribunal Supremo de Justicia, que ha recibido financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial y de Statoil, Amnistía Internacional y el PNUD para modernizar el sistema de justicia; y serían también unos delincuentes los integrantes de infinidad de organizaciones de la sociedad civil venezolana y de los partidos, algunos de ellos favorables al régimen de Chávez Frías, que han recibido soporte económico y ayuda extranjera para sus planes y actividades.

Sin ir más lejos, quien si cometió un delito conforme a esta norma, fue el actual Presidente de la República, al recibir durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 1998, miles de dólares de bancos españoles, según fue denunciado en España. Recibir esos fondos sin declararlos, ni explicar su procedencia y utilización, es un delito, claramente tipificado en el artículo 25 de la Ley y a pesar de que fue denunciado públicamente en la prensa internacional y de que fue denunciado el caso de manera formal al CNE y al TSJ, nunca se abrió una investigación, ni se aclaró el origen ni el destino de esos fondos.

¿Qué pretende el embajador Álvarez, en nombre del régimen de Chávez Frías, con esta campaña, evidentemente falsa y que tergiversa y miente acerca de lo que establece la Ley Venezolana? Lo que pretende es muy claro. Obedece a un plan para acabar con la disidencia, para acabar con los partidos democráticos y con la oposición democrática al régimen autoritario de Venezuela.

Ese plan comenzó con la deliberada omisión que hace la Constitución bolivariana de los partidos políticos, a los que además niega y prohíbe todo tipo de financiamiento del Estado, que hasta 1999 se hacia a través del organismo electoral. Ese financiamiento era lo que permitía, en parte, que los partidos no fueran vulnerables a presiones de grupos económicos. Hoy en día, solo los partidos que apoyan al Gobierno de Chávez Frías cuentan con suficiente financiamiento para sus campañas y actividades. Eso es algo evidente y que salta a la vista. Es más, en la prensa hemos visto las denuncias y circular cartas de los grupos que apoyan al Gobierno solicitando financiamiento a la empresa petrolera del Estado Venezolano, PDVSA; y cartas de altos funcionarios gubernamentales sugiriendo a sus subordinados conceder este tipo de “ayudas” a partidos y campañas de candidatos que apoyaban al Gobierno o al Presidente de la República. El financiamiento público, que si es ilegal, esta disponible en inusitada cuantía para los partidos políticos oficiales en la “revolución bolivariana”.

Luego, como parte del plan, vinieron las sentencias, ya mencionadas, del TSJ; los constantes cambios en el reglamento de debates en la Asamblea Nacional, promovidos por la fracción gubernamental, para impedir que se discutan las leyes; la persecución y encarcelamiento de dirigentes políticos, militares disidentes y alcaldes de oposición por supuestos “delitos” cometidos hace dos años, de los que finalmente han sido absueltos o injustamente condenados; y ahora lo que estamos viendo en días más recientes: El acoso a periodistas y la persecución judicial de los líderes de ONG a quienes acusan de delitos de “traición a la patria” o cosas similares, por oponerse al Presidente de la República o por recibir donaciones y financiamiento desde el exterior para fortalecer el sistema democrático o para defender los derechos humanos. Incluso ahora pretenden criminalizar algunas actividades, que es una forma de criminalizar la disidencia política, con una propuesta de modificación al código penal con la que pretenden convertir en delito que las ONG venezolanas reciban recursos económicos y financieros del exterior.

Esa es, en el fondo, la pretensión del régimen de Chávez Frías, a la que el embajador Bernardo Álvarez le hace el juego: Criminalizar la disidencia política y perseguir a la oposición democrática, que no han podido destruir. Ahora veremos, en el viaje en desarrollo del Presidente Chávez Frías por Europa y Asia, como ya lo estamos viendo en la televisora oficial, como es utilizado el atentado terrorista de la pasada semana, para enlodar y desprestigiar a la oposición, llamándola terrorista, golpista y todos los demás calificativos que el Presidente Chávez Frías utiliza, valiéndose de los micrófonos que le ofrece la prensa internacional, en su condición de visita de Estado. Veremos como se utilizará la injustificable muerte de ese fiscal, como pretexto político, olvidando que en Venezuela, desde el año 2002, a partir de los infaustos sucesos de abril de ese año, hay mas de 50 muertos, asesinados por violencia política y cuyas muertes nunca han sido investigadas ni aclaradas, por un Gobierno más interesado en utilizar políticamente este tipo de sucesos que en esclarecerlos.





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