| Acuerdo Nacional
por la Justicia Social y la Paz Democrática
(National Agreement for Social Justice and Democratic
Peace)
Available in Spanish,
English and Portuguese
OAI Press
25 de Julio de 2004
Plan de Gobernabilidad de la CD está
en la calle
GOBIERNO DE UNIDAD PARA RECONCILIAR Y RECONSTRUIR
A VENEZUELA
· El Acuerdo surge de la Coordinadora Democrática,
está suscrito por todos los entes que la conforman
y da piso político para el gobierno de transición
que asumirá las riendas del país, donde
el norte será la inclusión y el rechazo
por la exclusión
· El centro de La propuesta es la construcción
de una nueva democracia en la que participe toda la
sociedad venezolana, incluyendo al sector del Chavismo,
a quien se le garantiza su propio espacio político
si se mantiene en la línea democrática
· Una vez realizadas las primarias, el candidato
presidencial se compromete a conformar un Gobierno
de Unidad Nacional basado en la reconstrucción
del país, que rechace el sectarismo, la intolerancia
que promueve la desintegración nacional, el
autoritarismo, el empobrecimiento de las mayorías
y el aislamiento de la nación frente al mundo.
· Serán ejecutados programas de ayuda
inmediata contra el hambre y el desempleo en los sectores
más necesitados, con especial énfasis
en la atención a madres, niños, adolescentes
y ancianos y la creación de un sistema de seguridad
social.
OAIPress.- Caracas, 25 de julio de
2004
La Coordinadora Democrática le presentó
hoy al país el Acuerdo Nacional por la Justicia
Social y la Paz Democrática, suscrito por todas
las organizaciones que la conforman, alianza que establece
los lineamientos políticos para el gobierno
que asuma los destinos del país, incluyendo
a todos los sectores y a las diversas voluntades e
ideologías para garantizar la continuidad en
la recuperación de Venezuela.
En Acuerdo está suscrito por los representantes
de partidos políticos, sindicatos, movimientos
estudiantiles y juveniles, organizaciones populares,
obreras y campesinas; sectores productivos, gremios
y asociaciones profesionales; medios de comunicación;
organizaciones de lucha por los derechos civiles,
políticos y humanos, organizaciones comunitarias
y otras formas de integración asociativa de
venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades,
decididos a vivir en un régimen democrático
que garantice la paz, las libertades y el desarrollo
de una economía sana y próspera.
El objetivo es darle a Venezuela un instrumento político
para que avance hacia un futuro de unidad y paz, que
exprese la voluntad de participación de la
sociedad democrática en la reconstrucción
del país, rechazando el sectarismo y la intolerancia
que promueve la desintegración nacional, el
autoritarismo, el empobrecimiento de las mayorías
y el aislamiento de la nación frente al mundo.
En el documento la Coordinadora Democrática
indica la importancia vital que tiene la recuperación
del país como objetivo primordial de este acuerdo
y advierte que la reconciliación es más
que un acto político, porque será la
expresión concreta de la unidad nacional en
torno a un proyecto de nación. En este sentido,
se dará especial impulso a la aplicación
de una política social que le permita a la
gente desarrollar sus capacidades para incorporarse
al trabajo productivo, por lo cual es imperativo la
recuperación y expansión del sector
productivo nacional, tanto público como privado,
para garantizar la generación de empleo y la
seguridad social y ciudadana indispensables para la
paz.
Para garantizar la paz, el Acuerdo contempla la vigencia
del estado de derecho, la independencia de los poderes
públicos y el funcionamiento de las instituciones
como reglas básicas para la convivencia nacional.
De la misma forma señala el reconocimiento
y respeto a las reglas del juego democrático,
a los derechos humanos y al espacio para la expresión
de la diversidad de ideas y pensamientos, como condiciones
indispensables para alcanzar el camino a la paz, razón
por la que el futuro gobierno de unidad nacional respetará
los espacios de acción política. Este
Gobierno de Unidad será para todos los venezolanos
incluyendo al sector del Chavismo, al que se le garantiza
su propio espacio político si se mantiene en
la línea democrática
Primarias para un Gobierno de Unidad Nacional
El gobierno que se instalará en Venezuela como
resultado de las elecciones posteriores a la revocatoria
del mandato del Presidente de la República,
será de unidad nacional y para garantizar su
viabilidad, estabilidad y eficacia, las organizaciones
de la oposición democrática presentarán
un candidato unitario a la Presidencia de la República,
seleccionado a través de un proceso de elecciones
primarias. Este elegido hará honor al compromiso
de no aspirar a la reelección inmediata, como
una importante contribución al éxito
del gobierno en la compleja etapa que le tocará
dirigir.
Con un equipo de gobierno orientado al bienestar de
la gente y a restaurar la ética del Estado
al servicio de los ciudadanos, este venezolano, dirigirá
su acción de gobierno en el marco de la propuesta
y visión de Venezuela que está contenida
en el plan Consenso País, presentado a la nación
por la oposición democrática, trabajo
que contará con la activación de dos
entes indispensables para garantizar la ejecución
de la obra de gobierno: el Consejo de Estado y el
Consejo Federal de Gobierno, ambos previstos en la
Constitución Nacional.
El mayor reto del nuevo gobierno de unidad que la
oposición le ofrece a la sociedad venezolana
esta centrado en la atención inmediata de los
problemas más graves que enfrenta la nación
en lo social, económico, petrolero, jurídico
y de relaciones internacionales.
En lo social, el acuerdo de gobernabilidad establece
la ejecución de políticas dirigidas
a la creación de programas de ayuda inmediata
contra el hambre y el desempleo en los sectores más
necesitados, con especial énfasis en la atención
a madres, niños, adolescentes y ancianos, así
como mejoras en la calidad, cobertura y fortalecimiento
de los sistemas integrales de educación y salud
y la aplicación inmediata de un plan de emergencia
de seguridad ciudadana.
Se prevé la creación del Consejo Nacional
de Seguridad Social y la reactivación del mecanismo
tripartito para la formulación de un nuevo
sistema de Seguridad Social Integral que se traduzca
en mejora de la calidad en la prestación de
servicios en salud, educación y recreación,
así como el manejo del sistema de pensiones.
Igualmente, se contempla la activación de un
Plan especial de inversión para la recuperación
de los espacios públicos y los servicios en
las ciudades.
El Acuerdo hace especial énfasis en la restitución
de los derechos laborales de todos los trabajadores,
en particular los de aquellos a quienes les han sido
confiscados por motivos político.
El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, plantea también
que el nuevo gobierno tendrá que asumir la
tarea de ejecutar una nueva política económica
y petrolera para impulsar y promocionar el desarrollo
del sector productivo nacional y aumentar la producción
de bienes y servicios, la recuperación de la
industria petrolera, el fortalecimiento de PDVSA como
pivote fundamental de la economía nacional,
la elevación del nivel de desarrollo y competencia
de la industria petrolera, una enérgica política
de inversión productiva, un plan de acción
para generación de empleos dignos y estables,
la reducción de la presión fiscal y
tributaria sobre la población, el saneamiento
de las finanzas públicas y uso racional del
endeudamiento y la elevación del poder adquisitivo
de la población.
Un aspecto muy importante de este acuerdo que hoy
han suscrito todos los sectores que hacen vida en
la Coordinadora Democrática es el relacionado
a las reformas políticas y constitucionales
necesarias. En este sentido, se hace espacial relevancia
a las modificaciones en la Constitución, como
aquellas orientadas a reducir el excesivo poder presidencial.
Igualmente al establecimiento de la doble vuelta en
las elecciones presidenciales, del carácter
institucional, apolítico, profesional y no
deliberante de la FAN y su subordinación al
poder civil, manteniendo el derecho ciudadano del
voto; al restablecimiento del régimen parlamentario
bicameral, al fortalecimiento y profundización
de la descentralización como incentivo a la
participación ciudadana y mecanismo de desarrollo,
y a la transferencia de recursos y competencias a
estados, municipios y parroquias.
Tambièn se ejecutaran las reformas requeridas
para re-institucionalizar a los Poderes Públicos
que fueron designados en violación de la Constitución,
como el Poder Ciudadano, Poder Electoral y Tribunal
Supremo de Justicia. Es decir, que se busca, bajo
cualquier circunstancia, el restablecimiento del rol
de las instituciones públicas y privadas a
fin de facilitar la normalización del país.
El problema de la indefensión e inseguridad
jurídica, también ha sido abordado en
el acuerdo de gobernabilidad de la oposición.
Así, para garantizar la correcta administración
de justicia, la igualdad ante la ley y la lucha contra
la corrupción, las nuevas autoridades tendrán
que declarar en emergencia e sistema de administración
de justicia, restablecer el sistema de concursos para
la designación de los jueces titulares, Promover
el referendo abrogatorio de la Ley del Tribunal Supremo
de Justicia, atender la emergencia carcelaria teniendo
como meta la dignificación del trato a los
reclusos, garantizar la recta aplicación de
la justicia por jueces y fiscales imparciales y honestos,
así como activar investigaciones y sanciones
relativas a la corrupción y las violaciones
de los derechos humanos.
Con este Acuerdo, la Coordinadora Democrática
quiere sentar las bases para la solución de
los grandes problemas de Venezuela y para la construcción
de los nuevos consensos que el país exige y
ello incluye la restitución de la normalidad
en las relaciones con otros países. Por ello,
el acuerdo establece una política exterior
de Estado sobre la base de la preservación
de los intereses del país y la soberanía
nacional, el rescate de la profesionalización
de la función diplomática y relanzamiento
de la diplomacia para avanzar los intereses estratégicos
del país, y el respeto a los convenios internacionales
debidamente adquiridos por Venezuela en el marco del
estado de derecho, con lo que el nuevo gobierno tendrá
que garantizar la permanencia de aquellos convenios
alcanzados con otros países en el marco de
la ley.
Por último, la Coordinadora Democrática
se comprometió a dignificar la política
y ejercerla con sentido ético y de visión
de construcción de país. Como primera
manifestación de este compromiso, se acordó
evitar toda polémica estéril y subalterna
y centrar el debate alrededor de ideas que conduzcan
al progreso de la nación. Este compromiso tendrá
especial relevancia en los venideros procesos electorales
que pondrán a prueba su vocación unitaria
y voluntad de cambio. Todo ello para hacer compatible
el ejercicio de la política con el alto propósito
de la reconciliación y la reconstrucción
nacional.
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