Human Rights Watch World Report 2006
(Informe Mundial De Human Rights Watch 2006)

Human Rights Watch
www.hrw.org
19 de Enero de 2006 / January 19, 2006

» Informe en Español / In Spanish
Venezuela
Desde que ganó un referendo nacional sobre su presidencia en 2004, Hugo Chávez y su coalición mayoritaria en el Congreso han adoptado medidas para debilitar la independencia del Poder Judicial del país copando la Corte Suprema con sus aliados. También han promulgado leyes que amenazan seriamente la libertad de prensa y la libertad de expresión. Varios miembros destacados de la sociedad civil han sido objeto de enjuiciamientos por cargos altamente dudosos, y los funcionarios del gobierno han acusado repetidamente a los defensores de los derechos humanos de conspirar contra la nación. La violencia policial, la tortura y las condiciones penitenciarias abusivas se encuentran también entre los problemas más graves del país en materia de derechos humanos.

Independencia del Poder Judicial
El Congreso de Venezuela propinó un duro golpe a la independencia judicial en diciembre de 2004, al copar la Corte Suprema con 12 nuevos magistrados. Una mayoría de la coalición gobernante, dominada por el partido del Presidente Chávez, nombró a los jueces que ocuparían los puestos creados por una ley aprobada en mayo de 2004, que amplió la composición de la Corte de 20 a 32 miembros. Además de los magistrados nombrados para los 12 puestos, se nombraron cinco jueces más para cubrir las vacantes creadas en los últimos meses, y otros 32 fueron nombrados como magistrados de reserva.

La toma política de la Corte Suprema agravó el daño que ya habían provocado a la independencia judicial las políticas de la propia Corte. La Corte, que ostenta el control administrativo de la judicatura, no ha ofrecido seguridad en el puesto al 80 por ciento de los jueces del país.

Libertad de expresión
Algunas leyes aprobadas desde finales de 2004 han introducido nuevas restricciones onerosas sobre los medios de comunicación. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y televisión, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2004, establece reglas detalladas sobre el contenido de los programas de radio y televisión. Por ejemplo, cuando se considere que una estación hace “apología o incite” a la alteración del orden público o emita mensajes públicos “contrarios a la seguridad de la nación” podrán imponérsele duras multas o ordenar la suspensión de las emisiones durante 72 horas; si vuelve a incurrir en un delito, se le puede retirar la licencia de emisión durante un período hasta cinco años. Los términos clave como los antes citados no están bien definidos, lo que invita a una aplicación con motivos políticos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puede dictar “medidas cautelares” para prohibir la transmisión de contenidos ilegales.

En marzo de 2005, entraron en vigor enmiendas al Código Penal que ampliaron el alcance de las leyes venezolanas sobre desacato, y aumentaron las penas por este delito, la difamación criminal y el libelo. Al ampliar las disposiciones sobre desacato, Venezuela ignoró las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se resistió a una tendencia a revocar este tipo de leyes en todo el continente.

En julio, el Fiscal General Isaías Rodríguez ordenó una investigación para dilucidar si el periódico El Universal había sometido ilegalmente al organismo que dirigía y al Poder Judicial del país a un ultraje institucional con la publicación de un editorial titulado “Justicia Arrodillada”. En octubre, en un fallo bien recibido, la Corte Suprema concluyó que el editorial en cuestión no constituía de hecho un “ultraje institucional” prescrito por la ley. La Corte señaló, sin embargo, que la Constitución prohíbe el uso de la libertad de información y opinión “con fines de desestabilización de las instituciones democráticas”.

Asesinatos por parte de la policía
El asesinato de tres inocentes estudiantes en el distrito Kennedy de Caracas, el 27 de julio de 2005, subrayó la violencia y la ilegalidad de las fuerzas policiales venezolanas. Leonardo González, Eric Montenegro y Edgar Quintero murieron cuando agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) abrieron fuego contra el vehículo en el que regresaban de la universidad. Se informó de que los policías habían confundido el automóvil de los estudiantes con un vehículo que estaban persiguiendo, y abrieron fuego cuando no obedecieron la orden de detenerse. El cuerpo de González fue hallado en una calle cerca del vehículo, con orificio de bala en el ojo. Según un testigo presencial, hombres con ropa civil y encapuchados capturaron a Montenegro y Quintero en un callejón, les hicieron tumbarse en el suelo y les dispararon a sangre fría. La policía colocó aparentemente armas en el lugar para que pareciera que habían disparado primero.

Se han denunciado cientos de ejecuciones policiales en los últimos años, aunque el problema proviene de mucho antes que el actual gobierno. Aunque la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo han denunciado estos abusos, se han realizado muy pocos avances en el enjuiciamiento de los policías responsables o la introducción de las reformas necesarias para combatir esta práctica. En agosto de 2005, la Fiscalía General anunció que estaba investigando 5.520 presuntas ejecuciones extrajudiciales—relacionadas con 6.127 víctimas—cometidas entre 2000 y el 31 de julio de 2005. Los fiscales han formulado cargos contra 517 de los 5.997 policías y militares supuestamente implicados y, cuando se escribió este informe, sólo habían sido condenados 88 (1,47 por ciento).

Condiciones penitenciarias
Las condiciones en las prisiones venezolanas son notoriamente abusivas. El hacinamiento es crónico y las bandas armadas mantienen el control dentro de los muros de las prisiones. Los motines carcelarios y la violencia entre reclusos se cobran cientos de vidas cada año. En octubre de 2005, el Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización con sede en Caracas, afirmó que 314 presos habían muerto y 517 habían resultado heridos en incidentes violentos ocurridos durante el año.

Seguridad fronteriza y el derecho a la condición de refugiado
Las autoridades venezolanas y colombianas continúan implementando planes conjuntos para asistir a los cientos de refugiados que cruzan la frontera con Venezuela para huir de la violencia de los grupos armados irregulares en Colombia. Dada la inseguridad en las regiones fronterizas, muchos de los colombianos que huyen del conflicto armado se enfrentan a un futuro incierto pero más seguro en las ciudades de Venezuela. En junio, un grupo de 62 personas, muchas de ellas niños, se refugiaron en un asentamiento del pueblo indígena barí en el estado de Zulia. En septiembre, después de negociar con los líderes de la comunidad barí que querían que se fueran, la Comisión Nacional para los Refugiados transportó a los refugiados con helicóptero a un lugar más seguro y mejor equipado.

Defensores de los derechos humanos y sociedad civil
Los funcionarios públicos y los medios de comunicación oficiales siguen emprendiendo iniciativas para desacreditar a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Los funcionarios del gobierno y los legisladores progubernamentales acusaron públicamente a Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones y crítico destacado de la política penitenciaria, de iniciar una protesta carcelaria. En enero, se informó de que Prado había recibido amenazas anónimas en su teléfono celular. En marzo, COFAVIC, una reputada organización de derechos humanos, informó de que los medios oficiales habían insinuado que la organización se había apropiado de una parte del dinero pagado por el Estado como indemnización a las víctimas de asesinatos policiales durante las protestas del Caracazo de 1989, una acusación firmemente rechazada por la organización.

En agosto de 2005, el Tribunal Supremo rechazó una petición de otra organización de derechos humanos, PROVEA, para que ordenara que el Presidente Chávez se retractara públicamente de unas declaraciones en las que sugería que ambos grupos estaban participando en una conspiración contra el gobierno apoyada por Estados Unidos.

Durante 2005, la Fiscalía General abrió una investigación criminal contra uno de los abogados de derechos humanos más respetados del país, Carlos Ayala Corao (antiguo presidente de la CIDH y actual presidente de la Comisión Andina de Juristas), por su presunta participación en el fallido golpe de 2002 contra Chávez. El fiscal encargado de la investigación se negó a informar a Ayala de los detalles y el fundamento de la acusación, y un juez respaldó al fiscal cuando Ayala cuestionó la actuación del fiscal. Después de una campaña concertada por activistas de derechos humanos locales e internacionales, el fiscal retiró finalmente los cargos en octubre.

En julio, un tribunal de Caracas ordenó el enjuiciamiento de cuatro líderes de la sociedad civil acusados de traición. La corte ordenó el juicio de María Corina Machado, Alejandro Plaz y otros dos colegas acusados de traición por un fiscal público porque su organización gubernamental, Súmate, habñía aceptado fondos extranjeros para un programa de fomento de la participación ciudadana en un referendo de 2004 sobre la presidencia del Presidente Chávez. Fueron acusados, en virtud del artículo 132 del Código Penal de Venezuela, de “conspirar para destruir la forma política republicana” porque Súmate había recibido apoyo financiero del National Endowment for Democracy (NED). Según la NED, una organización financiada a su vez por el Congreso de Estados Unidos, Súmate recibió 31.150 euros, que se destinaron a talleres para educar a los ciudadanos sobre el proceso de referendo constitucional en Venezuela. Si fueran condenados, Machado y Plaz podrían cumplir una pena de hasta 16 años de prisión.

Principales actores internacionales
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siguen caracterizándose por la hostilidad y la mutual desconfianza. El gobierno de Bush está preocupado por las estrechas relaciones comerciales con Cuba y la amistad de Chávez con Castro, así como su influencia percibido en países políticamente inestables como Bolivia. La Secretaria de Estado Condoleeza Rice se refirió a Venezuela como una “fuerza negativa en la región” durante las sesiones para su confirmación en el Senado en enero de 2005.

Las críticas de Chávez al gobierno de Bush siempre han sido abiertas. En un programa de televisión emitido en febrero, confió que estaba seguro que Washington estaba planeando asesinarle, y amenazó con responder a la agresión suspendiendo las exportaciones de petróleo a Estados Unidos.

En respuesta a la CIDH, el gobierno venezolano sostuvo que el análisis y las recomendaciones de la Comisión con respecto a Venezuela en su informe de 2003, vulneraban la soberanía nacional del país. La Comisión había criticado la débil separación de poderes en Venezuela, la concentración de autoridad en el Poder Ejecutivo y la creciente participación de las fuerzas armadas en el gobierno. En su informe anual de 2004, publicado a principios de 2005, la Comisión señaló que las pretensiones del gobierno eran “incompatibles con el derecho internacional y la propia Convención Americana”.



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Venezuela
Since winning a national referendum on his presidency in 2004, Hugo Chávez and his majority coalition in Congress have taken steps to undermine the independence of the country’s judiciary by packing the Supreme Court with their allies. They have also enacted legislation that seriously threatens press freedoms and freedom of expression. Several high profile members of civil society have faced prosecution on highly dubious charges, and human rights defenders have been repeatedly accused by government officials of conspiring against the nation. Police violence, torture, and abusive prison conditions are also among the country’s most serious human rights problems.

Independence of the Judiciary
The Venezuelan Congress dealt a severe blow to judicial independence in December 2004 by packing the country’s Supreme Court with twelve new justices. A majority of the ruling coalition, dominated by President Chávez’s party, named the justices to fill seats created by a law passed in May 2004 that expanded the court from twenty to thirty-two members. In addition to the justices named to the twelve new seats, five justices were named to fill vacancies that had opened in recent months, and thirty-two more were named as reserve justices.

The political takeover of the Supreme Court compounded the damage already done to judicial independence by policies pursued by the court itself. The court, which has administrative control over the judiciary, has failed to provide security of tenure to 80 percent of the country’s judges.

Freedom of Expression
Laws passed since late 2004 have introduced onerous new restrictions on the media. The Law of Social Responsibility in Radio and Television, approved by the National Assembly in December 2004, establishes detailed regulations for the content of television and radio programs. For example, stations deemed to “condone or incite” public disturbances or publish messages “contrary to the security of the nation” are subject to heavy fines and can be ordered to suspend broadcasting for seventy-two hours; on a second offense they may forfeit their broadcasting license for up to five years. Key terms such as those quoted above are left ill-defined, inviting politically motivated application. The National Commission of Telecommunications (CONATEL) may issue “precautionary measures” prohibiting the transmission of outlawed content.

In March 2005, amendments to the Criminal Code came into force which extended the scope of Venezuela’s desacato (disrespect) laws, and increased penalties for desacato, criminal defamation, and libel. By broadening its desacato provisions, Venezuela ignored the recommendations of the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and bucked a continent-wide trend toward the repeal of this type of law.

In July, Attorney General Isaías Rodríguez ordered an investigation into whether the newspaper El Universal had illegally subjected his office and the country’s judiciary to public contempt by publishing an editorial entitled “Justice on its Knees” (Justicia Arodillada). In October, in a welcome ruling, the Supreme Court found that the editorial in question did not in fact constitute an “institutional insult” prohibited by law. The Court noted, however, that the constitution proscribes “the use of freedom of information and opinion to destabilize democratic institutions.”

Police Killings
The killing of three innocent students in the Kennedy district of Caracas on June 27, 2005, highlighted the violence and lawlessness of Venezuela’s police forces. Leonardo González, Erick Montenegro, and Edgar Quintero died after police from the Directorate of Military Intelligence (DIM) and the Criminal Investigations Police (Cicpc) opened fire on their car when they were returning from the university. The police reportedly confused the students’ car with a vehicle they were pursuing, and opened fire when it failed to heed an order to stop. González’s body was found in the street near their car, with a bullet wound in the eye. According to an eyewitness, men in civilian clothes wearing hoods captured Montenegro and Quintero in an alley, made them lie on the ground, and shot them in cold blood. The police reportedly planted weapons on the scene to make it appear that they had been fired on first.

Hundreds of police executions have been reported over the past several years, although the problem long predates the current administration. While the Attorney General’s Office and the human rights ombudsman have denounced these abuses, little progress has been made in prosecuting the police responsible or introducing the reforms necessary to combat the practice. In August 2005, the Attorney General’s Office announced that it was investigating 5,520 presumed extrajudicial executions—involving 6,127 victims—committed between 2000 and July 31, 2005. Of 5,997 police and military personnel allegedly implicated, prosecutors have filed charges against 517, and at this writing only eighty-eight had been convicted (1.47 percent).

Prison Conditions
Conditions in Venezuela’s prisons are notoriously abusive. Overcrowding is chronic and armed gangs maintain effective control within the prison walls. Prison riots and inmate violence claim hundreds of lives every year. In October 2005, Venezuelan Prison Watch (Observatorio Venezolano de Prisiones), a Caracas-based group, claimed that 314 prisoners were killed and 517 were wounded in violent incidents over the course of the year.

Border Security and the Right to Refugee Status
The Venezuelan and Colombian authorities continue to implement joint plans to assist hundreds of refugees who cross into Venezuela to escape violence by irregular armed groups in Colombia. Due to insecurity in the border regions, many Colombians fleeing the armed conflict head for an uncertain but safer future in Venezuela’s cities. In June, a group of sixty-two people, many of them children, took refuge in a settlement of the indigenous Barí people in Zulia state. After negotiations with Barí community leaders who wanted them to leave, in September the National Commission for Refugees transported the refugees by helicopter to a safer and better equipped location

Human Rights Defenders and Civil Society
Public officials and government media have continued pursuing efforts to discredit Venezuela’s nongovernmental human rights organizations. Government officials and pro- government legislators publicly accused Humberto Prado, coordinator of Venezuelan Prison Watch and a prominent critic of prison policy, of starting a prison protest. In January, Prado reportedly received anonymous threats on his mobile phone. In March, COFAVIC, a respected human rights organization, reported that official media had insinuated that the organization had taken a share of money paid by the State in reparation to the victims of police killings during the Caracazo riots of 1989, a claim the organization vigorously denied.

In August 2005, the Supreme Court rejected a petition by another human rights organization, PROVEA, to order President Chávez to retract public statements he had previously made suggesting that both groups were participating in a U.S.-backed conspiracy against the government.

During 2005 the Attorney General’s Office opened a criminal investigation of one of Venezuela’s most respected human rights lawyers, Carlos Ayala Corao (a former president of the IACHR and current president of the non-governmental Andean Commission of Jurists), for an alleged role in the unsuccessful 2002 coup against Chávez. The investigating prosecutor refused to inform Ayala about the details and grounds of the accusation, and a judge backed the prosecutor when Ayala challenged the prosecutor’s actions. After a concerted campaign by local and international human rights advocates, the prosecutor eventually dropped the case in October.

In July, a Caracas court ordered the prosecution of four civil society leaders on charges of treason. The court ordered that María Corina Machado, Alejandro Plaz, and two colleagues be tried on treason charges brought by a public prosecutor because their nongovernmental organization, Súmate, accepted foreign funds for a program that encouraged citizen participation in a 2004 referendum on President Chavez’s presidency. They were charged under article 132 of the Venezuelan Penal Code with “conspiracy to destroy the nation’s republican form of government” because Súmate received financial support from the National Endowment for Democracy (NED). According to the NED, an organization that is itself financed by the U.S. Congress, Súmate received U.S.$31,150, which was used for workshops to educate citizens regarding Venezuela’s constitutional referendum process. If convicted, Machado and Plaz face up to sixteen years in prison.

Key International Actors
United States-Venezuelan relations continue to be marked by hostility and mutual distrust. The Bush administration is preoccupied by Venezuela’s close trading relationship with Cuba and Chávez’s friendship with Castro, as well as his perceived influence in politically unstable countries like Bolivia. Secretary of State Condoleeza Rice referred to Venezuela as a “negative force in the region” in her Senate confirmation hearing in January 2005.

Chavez’s criticism of the Bush administration has always been outspoken. In a television broadcast in February, he confided that he was sure that Washington was planning to assassinate him, and threatened to respond to aggression by cutting off oil exports to the United States.

In response to the IACHR, the Venezuelan government maintained that the IACHR’s analysis and recommendations regarding Venezuela in its 2003 report infringed upon the country’s national sovereignty. The commission had criticized Venezuela’s weak separation of powers, the concentration of power in the executive branch, and the growing participation of the armed forces in government. In its 2004 annual report, published in early 2005, the commission noted that the government’s position was “incompatible with international law and with the American Convention itself.”