| Independencia
del Poder Judicial amenazada en Venezuela
(Venezuela: Judicial Independence Under Siege)
Human Rights Watch
www.hrw.org
17 de Junio de 2004 / June 17, 2004
En Español / In Spanish
*.- Independencia del Poder
Judicial amenazada en Venezuela
*.- Informe:
Manipulando el Estado de Derecho: Independencia del
Poder Judicial amenazada en Venezuela (documento
en PDF)
En Inglés / In English
*.- Venezuela: Judicial Independence
Under Siege
*.- Report
- Rigging the Rule of Law: Judicial Independence Under
Siege in Venezuela
Artículos / Articles
*.- Human Rights Watch: Socavada
independencia del poder judicial en Venezuela
Independencia del Poder Judicial amenazada en Venezuela
(Caracas, 17 de junio de 2004) — El gobierno
de Venezuela está socavando la independencia
del Poder Judicial con anticipación al referéndum
convocado para revocar el mandato presidencial, el
cual podría llegar a ser decidido por los mismos
tribunales, señaló Human Rights Watch
en un informe publicado hoy. La coalición gobernante
del Presidente Hugo Chávez ha comenzado a implementar
una nueva ley que pondría fin a la autonomía
de la Corte Suprema.
En un informe de 24 páginas titulado: "Manipulando
el Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial
amenazada en Venezuela", también se examina
cómo la nueva ley hará más vulnerables
a los jueces frente a la persecución política
y garantizará que las controversias legales
sobre el referéndum revocatorio se resuelvan
a favor de Chávez.
"En el golpe de 2002, el orden democrático
venezolano fue quebrantado por algunos de los opositores
a Chávez", dijo José Miguel Vivanco,
Director Ejecutivo de la División de las Américas
de Human Rights Watch. "Pero, hoy en día,
la mayor amenaza que pesa sobre el Estado de Derecho
en Venezuela proviene del propio gobierno".
La nueva ley, firmada el mes pasado por el Presidente
Chávez, amplía la composición
del Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados. Otorga
poderes a la coalición gobernante de Chávez
para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea
Legislativa para obtener una mayoría abrumadora
de magistraturas en el Tribunal Supremo. La ley también
concede a la coalición gobernante la facultad
de anular las actuales designaciones de magistrados.
Los partidarios de Chávez en la Asamblea Nacional
han anunciado su intención de nombrar a los
12 nuevos magistrados antes de agosto y también
de destituir a los magistrados que identifican con
la oposición. El Tribunal Supremo tendrá
competencia sobre todos los recursos legales relacionados
con el referéndum revocatorio, previsto para
el 15 de agosto.
Una ocupación política del Tribunal
Supremo también agravará el daño
que ya han causado a la independencia judicial las
políticas seguidas por el propio Tribunal.
El Tribunal Supremo, que tiene el control administrativo
del sistema judicial, ha suspendido un programa que
habría reducido el gran número de jueces
que aún carecen de estabilidad en el cargo.
Ha destituido sumariamente a jueces después
que dictaran fallos sobre casos políticamente
controvertidos. Y el Tribunal Supremo ha permitido
la suspensión del segundo máximo tribunal
del país (Corte de lo Contencioso Administrativo)
al no resolver los recursos legales presentados por
sus magistrados destituidos.
Los aliados de Chávez justifican las medidas
como una respuesta a la intransigencia de la oposición.
Insisten en que muchos jueces deciden casos en función
de sus convicciones políticas, en lugar de
los dictados de la ley. Citaron como ejemplo el hecho
de que el Tribunal Supremo no hubiera condenado a
los presuntos participes en el golpe de 2002.
"Chávez debería dedicarse a fortalecer
el Estado de Derecho en Venezuela", dijo Vivanco.
"En cambio, su gobierno y sus partidarios en
la Asamblea están manipulando el sistema de
justicia para favorecer sus propios intereses".
Lo que hace que los acontecimientos en Venezuela sean
aún más alarmantes es su posible repercusión
sobre la situación política ya de por
si explosiva en el país. En particular, las
tensiones que han rodeado la exitosa campaña
de los opositores al Presidente Chávez para
convocar un referéndum nacional que podría
acabar con su presidencia.
Cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) descalificó
cientos de miles de firmas en una petición
para que autorizara el referéndum, miles de
personas se sumaron a las protestas callejeras, que
culminaron con enfrentamientos violentos con las fuerzas
de seguridad que se saldaron con 13 personas muertas,
numerosos heridos y cientos de detenidos por la policía.
En mayo, después de que los votantes tuvieron
la oportunidad de verificar las firmas inicialmente
descalificadas, el CNE anunció que se habían
reunido suficientes firmas para convocar el referéndum
revocatorio.
La resolución pacífica y legal de la
crisis actual dependerá en gran parte del sistema
judicial del país. Los tribunales son los que
tienen que determinar en última instancia si
las decisiones del CNE son válidas-y si las
acciones de los simpatizantes de Chávez y sus
opositores, en las calles y en otros lugares, son
legalmente permisibles.
En el informe se ofrecen recomendaciones al gobierno
venezolano para salvaguardar la independencia del
sistema judicial. Human Rights Watch instó
al Presidente Chávez a que dé instrucciones
a su coalición en la Asamblea Nacional para
que suspenda inmediatamente la implementación
de la nueva ley que busca copar el Tribunal Supremo
de adeptos y derogue las disposiciones que debilitan
la independencia del sistema judicial. El Tribunal
Supremo de Venezuela debe revocar las disposiciones
de la nueva ley que sometan al tribunal al programa
político de la coalición gobernante.
El máximo tribunal también debe adoptar
medidas para garantizar que los jueces de tribunales
inferiores no sean objeto de persecuciones políticas.
La Organización de Estados Americanos (OEA)
debe seguir de cerca la situación del sistema
judicial venezolano. A no ser que se adopten inmediatamente
medidas concretas para revertir estas amenazas a la
independencia judicial, el Secretario General de la
OEA debe usar su autoridad en virtud de la Carta Democrática
Interamericana para abordar esta grave situación.
El artículo 18 autoriza al Secretario General
a adoptar medidas, con el consentimiento previo del
gobierno afectado, para analizar las amenazas contra
"el proceso político institucional democrático"
de un país y buscar una respuesta colectiva
de la OEA.
Durante el golpe de estado de 2002, la Carta Democrática
fue crucial en la movilización de los estados
miembros de la OEA que condenaron estos hechos contribuyendo
a restaurar el orden constitucional. "La Carta
ayudó a salvar la democracia venezolana de
los enemigos de Chávez durante el golpe de
2002", dijo Vivanco. "Ahora podría
ayudar a proteger a Venezuela de esta nueva amenaza".
Fuente: http://www.hrw.org
Venezuela: Judicial Independence Under
Siege
(Caracas, June 17, 2004) — The Venezuelan government
is undermining the independence of the country’s
judiciary ahead of a presidential recall referendum
that may ultimately be decided in the courts, Human
Rights Watch said in a report released today. President
Chávez’s governing coalition has begun
implementing a new court-packing law that will strip
the Supreme Court of its autonomy.
The 24-page report, “Rigging the Rule of Law:
Judicial Independence Under Siege in Venezuela,”
also examines how the new law will make judges more
vulnerable to political persecution and help ensure
that legal controversies surrounding the recall referendum
are resolved in Chávez’s favor.
“In the 2002 coup, Venezuela’s democratic
order was attacked by some of Chávez’s
opponents,” said José Miguel Vivanco,
executive director of the Americas Division of Human
Rights Watch. “But today the biggest threat
to the country’s rule of law comes from the
government itself.”
The new law, which President Chávez signed
last month, expands the Supreme Court from 20 to 32
members. It empowers Chávez’s governing
coalition to use its slim majority in the legislature
to obtain an overwhelming majority of seats on the
Supreme Court. The law also gives the governing coalition
the power to nullify existing judges’ appointments
to the bench.
Chávez’s supporters in the National Assembly
have announced their intention to name the 12 new
justices by July and remove sitting justices whom
they identify with the opposition. The Supreme Court
will have jurisdiction over any legal challenges surrounding
the recall referendum, which is scheduled for August
15.
A political takeover of the Supreme Court will also
compound the damage already done to judicial independence
by policies pursued by the Court itself. The Supreme
Court, which has administrative control over the judiciary,
has suspended a program that would reduce the large
number of judges who do not have security of tenure.
It has summarily fired judges after they decided politically
controversial cases. And the Supreme Court has allowed
the country’s second highest court to shut down
by failing to resolve the legal appeals of its dismissed
judges.
Chávez’s allies justify the measures
as a response to the intransigence of President Chávez’s
opponents. They insist that many judges decide cases
based on their political convictions rather than the
dictates of the law. As an example, they cite the
Supreme Court’s failure to convict alleged participants
in the 2002 coup.
“Chávez should be working to strengthen
the rule of law in Venezuela,” said Vivanco.
“Instead his government is rigging the justice
system to favor its own interests.”
What makes the developments in Venezuela even more
alarming is their potential impact on the country’s
already explosive political situation, particularly
the tensions surrounding the successful effort of
President Chávez’s opponents to call
for the national referendum that could end his presidency.
When the country’s National Electoral Council
(CNE) disqualified hundreds of thousands of signatures
on a petition to authorize the referendum, thousands
of people joined street protests, which culminated
in violent confrontations with state security forces
that left 13 people dead, scores wounded, and hundreds
more in police detention. In May, after voters were
given the opportunity to verify disqualified signatures,
the CNE announced that enough signatures had been
collected to force the recall vote.
Whether the current crisis is resolved peacefully
and lawfully will depend in large part on the country’s
judiciary. It is the courts that must ultimately determine
whether the CNE’s decisions are valid—as
well as whether the actions of Chávez’s
supporters and opponents, in the streets and elsewhere,
are legally permissible.
The report offers recommendations to the Venezuelan
government for salvaging the independence of the judiciary.
Human Rights Watch urged President Chávez to
instruct his supporters in the National Assembly to
suspend implementation of the new court-packing law
immediately and eliminate the provisions that undermine
the independence of the judiciary. The Venezuelan
Supreme Court should strike down the provisions of
the court-packing law that subject the court to the
political agenda of the governing coalition. The high
court should also take steps to ensure that lower
court judges are not subject to political persecution.
The Organization of American States (OAS) should closely
monitor the situation of the Venezuelan judiciary.
Unless concrete steps are taken immediately to reverse
these threats to judicial independence, the secretary
general of the OAS should use his authority under
the Inter-American Democratic Charter to address the
issue. Article 18 authorizes the secretary general
to take actions, with the prior consent of the government
concerned, to analyze threats to a country’s
“democratic political institutional process,”
and seek a collective response from the OAS.
During Venezuela’s 2002 coup, the Charter was
crucial in mobilizing member states to join the chorus
of condemnation that helped restore President Chávez
to office. “The Charter helped save Venezuelan
democracy from Chávez’s foes during the
2002 coup,” said Vivanco. “Now it could
help protect Venezuela from this new threat.”
Source: http://hrw.org/english/docs/2004/06/17/venezu8855.htm
Artículos / Articles
Human Rights Watch: Socavada independencia
del poder judicial en Venezuela
17 de Junio de 2004
Caracas.- La organización Human Rigths Watch
aseguró hoy que la nueva Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia constituye una clara
evidencia de que está socavada la independencia
del poder judicial venezolano.
El director para las Américas de HRW, José
Miguel Vivanco, aseguró que el actual gobierno
tiene una "enorme responsabilidad" en el
debilitamiento de la autonomía e independencia
del poder judicial en Venezuela.
Mediante un informe de 24 páginas, elaborado
por Daniel Wilkinson de HRW, se acusa al presidente
Chávez y sus aliados de adoptar medidas para
asumir el control del poder judicial, erosionando
el principio de separación de poderes y la
independencia del sistema judicial.
Uno de los señalamientos más graves
realizados por Vivanco tiene que ver con una investigación
realizada en mayo del año pasado, en la que
HRW efectuó una serie de entrevistas donde
funcionarios afectos al gobierno reconocieron la influencia
que reciben los jueces y magistrados.
El vocero afirmó que durante esa etapa "el
presidente del TSJ, el Fiscal General y un diputado
partidario del presidente Chávez intentaron
aplacar nuestras preocupaciones por la erosión
de la independencia judicial, insistiendo en que quienes
ejercen autoridad sobre los jueces y magistrados demostrarían
moderación y respeto por el estado de derecho.
Sin embargo, dichas garantías son totalmente
irrelevantes, pues un estado de derecho que depende
de la buena voluntad y el autocontrol de quienes ostentan
el poder, no es en verdad un estado de derecho".
Para la organización de DDHH, "la toma
política del TSJ agravará aún
más la falta de independencia judicial que
ya han causado algunas medidas adoptadas por el propio
tribunal".
Estiman que leyes como la del TSJ violan los principios
fundamentales de la Constitución de Venezuela
y el derecho internacional de los derechos humanos.
Vivanco recordó que así como durante
el golpe de estado de 2002 su organización
apoyó la institucionalidad y al presidente
Chávez, hoy advierte cómo podría
estar en serie riesgo la estabilidad democrática
venezolana, por posible repercusión de la ley
del TSJ "sobre la situación política
nacional ya, de por sí, explosiva".
Equiparó las prácticas del gobierno
venezolano a las de los ex presidentes Carlos Menem
(Argentina) y Alberto Fujimori (Perú) con sus
respectivos sistemas judiciales.
Recomendaciones
En virtud de esta situación, el informe de
HRW recomienda al TSJ que anule "por inconstitucionales"
las disposiciones de la ley que permiten copar de
adeptos el tribunal y someterlo a la agenda política
de la coalición gobernante.
Además propone que se reactive un programa
que genere estabilidad en los cargos de los jueces
y garantice el ejercicio pleno e inmediato del derecho
a la defensa para los jueces que podrían ser
destituidos en procedimientos sumarios.
Exigieron a Venezuela adoptar medidas "inmediatas
y concretas" para reforzar la independencia de
sus jueces y la autonomía de su máximo
tribunal.
HRW exhortó, igualmente, a la Organización
de Estados Americanos para que adopte medidas -basadas
en la Carta Democrática Interamericana- a fin
de enfrentar esta situación en Venezuela.
Igualmente, la organización anunció
que se pondrá en contacto con los organismos
financieros mundiales (como el Banco Interamericano
de Desarrollo o el Banco Mundial) para que se condicione
a una rectificación la entrega de recursos
al sistema judicial venezolano.
Fuente: El
Universal
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