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REUNION DE MEDIO AÑO
/ Informe ante la SIP Bloque de Prensa expresa preocupación 12 de Marzo de 2005 El vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, Juan Manuel Carmona Perera, precisó que el presidente de la República decidió, finalmente, el castigo penal a la disidencia de opinión y el asalto al Poder Judicial. El vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Juan Manuel Carmona Perera, en su informe sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela, denunció que el presidente de la República, Hugo Chávez, decidió finalmente _superado el referendo revocatorio_ el asalto al Poder Judicial, la proscripción y castigo penal de la disidencia de opinión y el control de los contenidos de todas las programaciones que transmiten la red privada de radio y de televisión en el país. En relación con el control de la programación, Carmona Perera explicó: "A través de la Ley de Contenidos, el Estado no sólo podrá expropiar los tiempos de transmisión para disponerlos a su servicio, sino que, sin mediación judicial y por razones alegadas de seguridad nacional, se podrá suspender cualquier programa de radio y televisión". Carmona Perera _director del diario El Impulso_ expuso, durante la reunión de Medio Año de la SIP, celebrada en Panamá, que los efectos punitivos de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión fueron trasladados _por decisión de la Asamblea Nacional_ a la prensa escrita y "hacia todo ciudadano que opine y disienta del credo de la revolución". Para Carmona Perera, la reforma del Código, "no sólo consagra en su mayor amplitud las conocidas leyes de desacato (...) criminaliza la disidencia política y de opinión". Para respaldar su argumento, el vicepresidente regional de la SIP citó los artículos 297 y 508 del Cógido Penal. El primero establece: "todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correo electrónico o escritos panfletarios, pretenda causar o efectivamente cause pánico en la colectividad o la mantega en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años". Carmona recordó que el artículo 508 ordena arrestos de hasta un mes y multas de cien unidades tributarias _500 si la ofensa es contra el Presidente, Vicepresidente, magistrados o integrantes de consejos legislativos_ a todo ciudadano que con gritos o vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos _cacerolazos_ haya perturbado las reuniones públicas. Rechazo del Bloque El vicepresidente regional de la SIP recordó que todas estas leyes fueron protestadas por el Bloque de Prensa Venezolano, por considerarlas "violatorias de los derechos humanos y de la esencia misma de la democracia, y que, indefectiblemente, potencian la autocensura y la liquidación definitiva de la libertad de expresión". El argumento esgrimido por voceros del Ejecutivo Nacional, quienes aseguran que en el país no se han cerrado medios de comunicación, fue desestimado por Carmona Perera. "No huelga señalar que el Gobierno seguirá diciendo que no ha cerrado medios en Venezuelas _reflexionó el vicepresidente regional de la SIP_. Y es que no necesita, de suyo, cerrarlos; dada la castración a que los ha sometido en el ejercicio de sus responsabilidades sociales de comunicación e información, usando para ello de las formas legales, pero vaciándolas previamente de todo contenido democrático". Control absoluto En la Reunión de Medio Año de la SIP, se denunció que el presidente de la República detenta el control de todos los poderes públicos. "El jefe de Estado anunció la creación, con apoyo de las misiones cubanas, de Unidades de Batalla Endógena para el control social y popular de la misma población _recordó Carmona Perera_. Asimismo, ordenó, en términos exactos, perseguir y hostigar a los opositores para impedir que se reorganicen". Para el vicepresidente regional de la SIP, "en el ámbito de lo económico y del control popular sobre la sociedad, el mensaje de Chávez, no se ahorra en propósitos y señala que implementarán el modelo de cogestión de las empresas y avanzarán hacia la reestructuración del sistema de garantías y financiero privado (...) Chávez aclara luego, lo dice y no lo dice a la vez para ser cuidadoso, sobre el destino final de sus acciones, que se orientan sin duda a la instauración de un régimen comunista en Venezuela". Por último, se recordó a la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa las violaciones a la libertad de expresión de los siguientes personajes públicos: Patricia Poleo, Rafael Poleo, Ibéyise Pacheco, Marta Colomina y Tulio Alvarez._EM Fuente: El Universal Volver a la página principal de 11abril.com |