I
Hemos tenido conocimiento de la comunicación que se copia aquí abajo, dirigida por el Embajador de Venezuela en Suiza a los venezolanos residentes en dicho país:

“REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EMBAJADA EN SUIZA

II.2.S20.E.2.V.20 N° 0654
Berna, 15 de julio de 2004
A TODOS LOS VENEZOLANOS RESIDENTES EN SUIZA

Estimado( a) compatriota:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle, a nombre de todo el personal que labora en nuestra Misión Diplomática, un cordial saludo, dando votos por el bienestar de sus familiares y seres queridos.

Sea propicia la oportunidad para informarle que, de acuerdo a lo previsto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se tiene programado para el próximo 15 de Agosto la consulta popular del referendo presidencial en atención a lo establecido en nuestra Constitución Nacional, por lo cual le invito a ejercer su derecho ciudadano al voto en caso que usted se encuentre inscrito(a) en dicho organismo y tenga como centro de votación la sede de esta Embajada. Para mayor información recomiendo consultar por internet la pagina web de dicho organismo (www.cne.gov.ve)

Igualmente debo informarle que, de acuerdo a los artículos 40 y 42 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, lo(a)s ciudadano(a)s que perdieron o renunciaron a la nacionalidad pierden la ciudadanía venezolana y, en consecuencia, no podrán ejercer el derecho al sufragio en el referendo presidencial, a realizarse en la fecha antes mencionada.

Como último aspecto les informo la disponibilidad de nuestra pagina web (www.embajadavenezolana-suiza.com)

Una vez más quedo de usted a sus gratas órdenes.

Atentamente,
Jorge Miguel Sierraalta Zavarce
Embajador”




Creemos conveniente aclarar a los señores Embajadores y Cónsules de nuestro país cuales son las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre nacionalidad venezolana. Hacemos esto porque, a nuestro juicio, la comunicación del Embajador en Suiza se presta a confusión.

El artículo 40 de la Constitución dispone lo siguiente:
Artículo 40. Los derechos políticos son privativos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento, salvo las excepciones establecidas en esta Constitución. Gozarán de los mismos derechos de los venezolanos y venezolanas por nacimiento los venezolanos y venezolanas por naturalización que hubieren ingresado al país antes de cumplir los siete años de edad y residido en él permanentemente hasta alcanzar la mayoridad.

Por su parte, el artículo 42 establece:
Artículo 42. Quien pierda o renuncie a la nacionalidad pierde la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.

Nótese que el artículo 42 arriba citado dispone como condiciones para perder la ciudadanía venezolana la pérdida o renuncia a la nacionalidad. Ahora bien, el Embajador en Suiza ha debido citar las normas de la Constitución sobre pérdida de la nacionalidad o renuncia a la misma. Al no hacerlo, se ha prestado, según se nos informa, a que algunos funcionarios le hayan advertido a venezolanos residentes en Suiza que el hecho de que algunos puedan tener un pasaporte distinto al venezolano implica pérdida o renuncia, lo que es absolutamente falso. En efecto, la Constitución venezolana dispone lo siguiente:

Artículo 34. La nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad.
Artículo 35. Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley.
Artículo 36. Se puede renunciar a la nacionalidad venezolana. Quien renuncie a la nacionalidad venezolana por nacimiento puede recuperarla si se domicilia en el territorio de la República por un lapso no menor de dos años y manifiesta su voluntad de hacerlo. Los venezolanos y venezolanas por naturalización que renuncien a la nacionalidad venezolana podrán recuperarla cumpliendo nuevamente los requisitos exigidos en el artículo 33 de esta Constitución.
(Énfasis añadido)

Del artículo 43 arriba citado se desprende que si un venezolano residente en Suiza tiene nacionalidad suiza o si uno residente en España, Portugal o Italia tiene también nacionalidad española, portuguesa o italiana, no por ello pierde la nacionalidad venezolana ni los derechos de ciudadanía que ella comporta.
Los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Los venezolanos por naturalización sólo pueden ser privados de la nacionalidad mediante sentencia judicial de acuerdo con la ley.

La renuncia a la nacionalidad venezolana tiene que ser objeto de manifestación expresa de la voluntad en ese sentido. El hecho de tener otra nacionalidad no implica renuncia.

II
Con respecto a las declaraciones del ciudadano Ministro de Relaciones Exteriores en el sentido que los venezolanos inscritos en el R.E.P., para poder votar en el extranjero, tienen que mostrar su cédula y acreditar la legalidad de su residencia en el extranjero, es oportuno advertir a los señores Embajadores y Cónsules que esa última exigencia es totalmente inconstitucional e ilegal. Es inconstitucional porque viola

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de grupos que sean discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. Sólo se dará el trato oficial de Ciudadano o Ciudadana; salvo las fórmulas diplomáticas. 4. No se reconocerán títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.
(Énfasis añadido)

Si a los venezolanos inscritos en el R.E.P. residentes en Venezuela sólo se les exige la presentación de la cédula de identidad laminada, el hecho de exigir a los venezolanos residentes en el extranjero que prueben la legalidad de su residencia viola el artículo 22 arriba citado. Si a un venezolano inscrito para votar en el Municipio Baruta del Estado Miranda, no se le exige que pruebe que reside en ese Municipio, mal se le puede exigir a un venezolano que vaya a votar en Berna o Ginebra que su permanencia en una de esas dos ciudades haya sido objeto de permiso por las autoridades federales o de cantón.
La supuesta resolución a la que se refiere el Ministro también es ilegal porque la Ley Orgánica del Sufragio dispone en su artículo 61 que “a ningún elector, que aparezca en el Cuaderno de Votación, e identificado con su cédula de identidad, podrá negársele el derecho a votar”.

Es necesario agregar que el requerimiento de que se cumplan condiciones adicionales a las previstas en la Ley, no sólo constituye una violación de derechos humanos consagrados en la Constitución sino que también viola tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Venezuela. En efecto, al exigir condiciones a los venezolanos residentes en el extranjero para que puedan votar, distintas y más gravosas que las exigidas a los venezolanos residentes en el país, se viola el principio de igualdad ante la ley, consagrado por la Convención Americana en su artículo 24 que dispone: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Se viola igualmente el artículo 23 de la misma Convención, que establece:

Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
omissis
b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

También se incurre en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone:
Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:
Omissis
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores…

Ahora bien esas violaciones de la Convención Americana y del pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos que pudieren perpetrar los señores Embajadores y Cónsules pueden dar lugar a responsabilidad penal individual. En efecto, el Código Penal tipifica el siguiente delito:

Artículo 156.- Incurren en pena de arresto en Fortaleza o Cárcel Política por tiempo de uno a cuatro años:
Omissis
3.- Los venezolanos o extranjeros que violen las Convenciones o Tratados celebrados por la República, de un modo que comprometa la responsabilidad de ésta.

Es indudable que la petición que formule cualquier venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando la violación de estos derechos a los que nos hemos venido refiriendo compromete la responsabilidad de la República.

Hay que advertir que en los casos en que se introduzca una acción penal por la comisión del delito contemplado en el artículo 156 del Código Penal, no cabe alegar que el hecho no es punible por haberse cometido en virtud de obediencia legítima y debida. En efecto, si bien el artículo 65 del Código Penal dispone que no es punible quien “obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”, esa exención no procede sino cuando se obra “sin traspasar los límites legales”. Lo mismo se reitera en el parágrafo 2 del mismo artículo que dispone el hecho es punible cuando “constituye delito o falta”, aclarando que la pena “se le impondrá al que resultare haber dado la orden ilegal”.

Se debe tener presente que la Constitución, respecto de los delitos contra los derechos humanos, establece:
Artículo 29. El Estado venezolano está obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

Caracas, 30 de julio de 2004.