Súmate
Caso Legal - Juicio a sus Directivos
(Ultima actualización 28 de Febrero de 2006)

Fuentes: Súmate & Prensa Nacional
9 de Febrero de 2006

» Notas de Prensa
— Justicia venezolana será medida por el caso Súmate - Observadores de EEUU, Canadá y la Unión Europea hacen reportes del juicio, El Universal - 28 de Febrero de 2006
No es usual, y quizás sea la primera vez en la historia judicial de Venezuela, que un grupo de representantes de gobiernos extranjeros se dedique a vigilar, lo más cerca posible, el desarrollo de un proceso penal. Además, no se trata de cualquier caso, sino por el cual se pretende condenar a cuatro directivos de Súmate por la presunta comisión del delito de conspiración, mediante la recepción de recursos de la organización estadounidense National Endowment for Democracy.
La persistente presencia de diplomáticos de Estados Unidos, Canadá y los países miembros de la Unión Europea en el Palacio de Justicia y en la primera fila de la sala de audiencia donde se comenzó a desarrollar el debate oral y público para analizar las pruebas a favor y en contra de Alejandro Plaz, María Corina Machado, Ricardo Estévez y Luis Enrique Palacios, no podría molestar a jueces y fiscales, pues, en esta etapa del proceso, están obligados a actuar a la vista de todos.
Sin embargo, las autoridades judiciales se habrán enterado de que el escrutinio de los observadores internacionales tiene como propósito el reporte periódico y permanente de las incidencias del juicio, evaluadas de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Quizás por el entrenamiento diplomático que poseen, los observadores internacionales del caso Súmate se han manifestado estoicos, incluso en los momentos más álgidos del juicio, como cuando el padre de Alejandro Plaz, el ex magistrado René Plaz Bruzual, le gritó al juez que era un nazista y abandonó la sala de audiencia, de donde pocos segundos antes se expulsó a uno de los abogados defensores por insistir en que se le permitiera exponer sus argumentos.
Durante todas las oportunidades que han ido al Palacio de Justicia, se han abstenido de hacer comentarios públicos sobre la misión, ni siquiera para referir aspectos formales. A través de terceros, han hecho saber a los periodistas interesados que lo conveniente es actuar con la mayor discreción posible.
Cabildeo efectivo
Aunque precisamente por sus relaciones con entes internacionales los representantes de Súmate están en el banquillo de los acusados, su experiencia en cabildeo (que incluye el recibimiento de María Corina Machado en la Oficina Oval de la Casa Blanca), les proporcionó estas garantías de publicidad y transparencia, a efectos de poder defenderse conforme a derecho.
Alejandro Plaz explicó que la observación internacional se emprendió en octubre pasado, luego de que los directivos de Súmate hicieron una presentación sobre el desarrollo del proceso y el riesgo de que privaran razones políticas y no jurídicas para forzar una sentencia condenatoria y, de esta forma, debilitar la actuación especialmente crítica de la asociación civil frente al desempeño de las autoridades electorales. Para sensibilizar a los diplomáticos acreditados en Venezuela, los directivos de Súmate comienzan por hacerles ver que la investigación del Ministerio Público se emprendió pocos días después de que el presidente Hugo Chávez, en la edición del 15 de febrero de 2004, les reprochó haber recibido recursos de la NED y, sin temor a equivocarse o a inmiscuirse en el ejercicio de las funciones del Poder Judicial, precisó el delito que se les imputaría.
También han insistido en señalar que han sido infructuosos todos los recursos ordinarios y extraordinarios ejercidos con el propósito de que el debate oral y público se lleve a cabo ante un tribunal mixto, constituido con escabinos, así como para que se admitan pruebas a su favor, como los testimonios de los directivos de la NED.
Destacarían, a modo de ejemplos, que aunque la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó que Plaz, Machado, Estévez y Palacios sean juzgados en libertad por su manifiesta disposición de hacer frente al proceso, el juez Séptimo de Juicio, Elías Alvarez, unilateralmente, decretó su detención judicial preventiva.
"Cuando hicimos la presentación ante los europeos, los representantes de cada país hicieron las consultas a sus superiores y luego nos comunicaron que vigilarían el curso del juicio a través de grupos rotativos que se trasladarían a los tribunales. Algo similar ocurrió en el caso de Estados Unidos y Canadá", precisó Plaz.
Justicia y sociedad civil
La presencia de observadores internacionales en el juicio a Súmate replantea dos temas de fondo: la independencia del Poder Judicial y la independencia de las expresiones organizadas de la sociedad civil.
En primer lugar, si Súmate y un sector de la población venezolana no desconfiaran en el sistema de administración de justicia, este tipo de veeduría no sería necesaria.
A pesar de la constante invocación de la noción de soberanía nacional, a ningún gobierno conviene que en el exterior se perciban debilidades del Estado de Derecho; y no sólo por razones políticas, sino fundamentalmente económicas. "En un país sin seguridad jurídica no es conveniente invertir", podrían razonar los empresarios y gobiernos de otros países.
Por otra parte, la equiparación de la solicitud de financiamiento externo al delito de conspiración no sólo involucra a Súmate, sino a todas las organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre ellas las dedicadas a la pro moción y defensa de los derechos humanos, que se sirven de la cooperación internacional, para mantener su independencia.
Parece obvio: una organización financiada por el Estado venezolano, no tendría suficiente autonomía para cuestionar el desempeño de autoridades y órganos estatales. Sin embargo, hay opiniones distintas y muy calificadas, como la de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quienes fueron los primeros en estigmatizar el financiamiento externo de las organizaciones no gubernamentales, a través de la sentencia 1.013, dictada el 12 de junio de 2001.
Así las cosas, los observadores internacionales también serían testigo de las tensiones que, en términos prácticos, ha generado el ejercicio de la participación ciudadana en los asuntos públicos.



— Frente a las acusaciones que sufre la ONG venezolana, la Secretaría Ejecutiva de la Red Interamericana para la Democracia (RID) recuerda la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, redinter.org - 17 de Febrero de 2006
Friday, February 17, 2006
Caso Súmate de Venezuela
Año 3. Número 520
Frente a las acusaciones que sufre la ONG venezolana, la Secretaría Ejecutiva de la Red Interamericana para la Democracia (RID) recuerda la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, que señala que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
(InfoRID, 17 de febrero de 2006).- La ONG venezolana Súmate es acusada desde marzo de 2004 por conspirar contra el sistema democrático de Venezuela al recibir fondos de Estados Unidos. Recientemente, una sala de apelaciones anuló el 10 de febrero el juicio que abrió un tribunal local contra tres directivos de Súmate. La Sala Sexta de Apelaciones dejó sin efecto las actuaciones del juez Elías Alvarez por no cumplir lo previsto en las leyes venezolanas en cuanto a que los juicios deben realizarse con la presencia de un jurado. Ahora el juicio regresó el proceso a su fase inicial.
Súmate, ONG asociada a la Red Interamericana para la Democracia (RID), tiene abiertos en su contra expedientes judiciales por haber recibido financiamiento del National Endowment for Democracy (NED). El aporte de la NED fue utilizado para adelantar iniciativas de educación ciudadana sobre derechos políticos y de participación.
En tal sentido, con respecto a este caso, la Secretaría Ejecutiva de la Red Interamericana para la Democracia (RID) recuerda la vigencia de la Carta Democrática Interamericana, firmada por 34 naciones miembros de la Organización de los Estados Americanos, que en su artículo cuarto señala que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”.
También en la Carta Democrática Interamericana se manifiesta, en el artículo 6, que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de la Red Interamericana para la Democracia (RID) advierte que se debe defender el principio básico de la independencia del Poder Judicial y el de la aplicación equitativa de la Justicia entre los miembros de la sociedad.



— Ministerio Público les abrió un nuevo juicio
El Carabobeño, 11 de Febrero de 2006
El Gobierno conminó a la directiva de Súmate a abandonar el país, conforme a la declaración de Alejandro Plaz, un integrante de esa organización civil. Plaz convocó este viernes a rueda de prensa en el Centro Plaza, de Los Palos Grandes, donde denunció que personas ligadas al Gobierno se le acercaron para decirle que tienen una semana para irse, para pedir asilo, para abandonar el país; que si el martes asisten a la audiencia de juicio serán puestos en prisión. “La respuesta que dimos siempre, es que nosotros nos quedamos; estamos aquí por la defensa de la democracia y la búsqueda de elecciones transparentes y libres para todos los venezolanos”; agregó.
-Si estamos libres hoy -dijo- es porque el Gobierno sacó la cuenta y se dio cuenta que no le convenía, y eso lo agradezco al inmenso apoyo que en todos los rincones del país nos ha dado la sociedad civil, así como el inmenso respaldo de la comunidad internacional.
Reiteró el compromiso de Súmate con la sociedad civil venezolana, en el sentido de luchar por la democracia hasta lograr unas elecciones transparentes. Estamos aquí y vamos a seguir aquí, luchando por el voto de todos ustedes; insistió. Respecto a la decisión favorable de la Sala sexta de Apelaciones, que anuló lo actuado hasta ahora en contra de Súmate, Alejandro Plaz no mostró alegría alguna y subrayó la persecución política de que son objeto, pues ahora se abrirá el juicio en un nuevo tribunal, con la misma fiscal Luisa Ortega Díaz y por el mismo delito: conspiración.

Abierto otro frente
El Ministerio Público a través de la fiscal 37 nacional, Gledys Carpio Chaparro, abrió un nuevo frente contra Súmate, al imputar a María Corina Machado y Alejandro Plaz por delitos electorales, al haber impulsado el referendo consultivo de febrero de 2003. Para tal fin la mencionada fiscal los citó para el 29 del próximo mes de marzo, en horas de la mañana, luego de librar las respectivas boletas el pasado jueves 9 de este mes de febrero, para que se presenten con sus abogados, previamente juramentados en un tribunal de control penal, con el fin de que conozcan el expediente y rindan las declaraciones de rigor.



— Anulan todas las actuaciones del Tribunal Sexto de Juicio en caso Súmate
El Universal, 10 de Febrero de 2006
Caracas.- La Sala Sexta de la Corte de Apelaciones declaró con lugar un recurso de apelación presentado por la defensa de los directivos de Súmate, acusados por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de conspiración.
La decisión de la Corte de Apelaciones anuló todas las actuaciones llevadas a cabo por el Tribunal Sexto de Juicio, a cargo del juez Elías Álvarez, desde la constitución del mismo el 2 de diciembre de 2005.
"Con esta decisión se retrotrae todo al punto de partida", comentó a eluniversal.com el abogado defensor, Juan Martín Echeverría.
El jurista detalló que el fallo emanado a última hora de ayer dio como ciertos todos los argumentos planteados por la defensa y determinó que debe ser otro tribunal de juicio el que conozca el caso y no el Tribunal Sexto de Juicio.
Echeverría reiteró que con la constitución de un tribunal unipersonal sin escabinos -como lo era el Tribunal Sexto de Juicio- se había vulnerado tanto el derecho a la defensa como al debido proceso, violando la institución del juez natural que está contemplada en el artículo 49 de la Constitución.
María Corina Machado y Alejandro Plaz están imputados por la supuesta comisión del delito de conspiración para destruir la forma política republicana que se ha dado a la Nación, previsto en el artículo 132 del Código Penal, mientras que Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez enfrentan un proceso por la presunta comisión de complicidad no necesaria en el delito de conspiración para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación. -KAC



— Venganza e intimidación
Tal Cual, 10 de Febrero de 2006
No es sólo que el juicio contra Súmate, en sí mismo, constituye un exabrupto jurídico, una tentativa de transformar a los tribunales en escenarios de "solución" de controversias claramente políticas, sino que la desmesura de la pena solicitada para los directivos de esa organización por el supuesto delito de que se les acusa, es elocuente testimonio de que lo que menos importa en este juicio es la recta aplicación de la justicia.Venganza e intimidación son los nombres del juego. En un país normal sorprendería que a Súmate se la enjuicie, entre otras cosas, por recibir en forma nada clandestina 53 mil dólares de una organización pública norteamericana, en tanto que permanece en la gaveta de algún tribunal la averiguación judicial sobre la bicoca de millón y medio de dólares que pidió y recibió la candidatura de Chávez en 1998 de un banco privado español. En su época, esta denuncia estuvo soportada por pruebas que supuestamente demostraban el mecanismo utilizado por ese banco para transferir la plata utilizando una empresa radicada en Curazao, cuyo nombre salió a la luz pública. La operación fue clandestina e ilegal, tanto en España como en Venezuela. En España tuvo consecuencias para el banco. Aquí no pasó nada. Lógico. Aquí no hay juicios sino para los adversarios políticos del gobierno.



— Súmate bajo fuego, Editorial del diario El Nacional
El Nacional, A8, 09 de Febrero de 2006
La persecución oficial contra los directivos de la organización civil Súmate está llegando a su culminación.
Se les acusa de conspirar “para alterar el orden republicano”, como si hubieran tratado de implantar la monarquía en Venezuela, ni más ni menos. Como si armados con ametralladoras, cohetes, tanques y bombarderos pusieran en peligro la solidez y continuidad de la presunta revolución bolivariana.

El Gobierno demuestra con esto que no está dispuesto a aceptar la más mínima discrepancia, ni la más leve disidencia, o la más discreta solicitud de que las elecciones de 2006 sean presididas por un Consejo Nacional Electoral que sea confiable. Esto fue lo que siempre exigió Súmate, interpretando a las grandes mayorías venezolanas, nada diferente, incluso, a lo pedido por instituciones internacionales como la OEA. Nada distinto de las observaciones formuladas por el organismo hemisférico en su informe sobre las elecciones del 4 de diciembre.

El juicio contra Súmate tiene varias lecturas. Una de ellas es la intransigencia y la intolerancia del régimen. Otra, el deseo de aprovechar el castigo contra los directivos de esa organización para que todo el mundo escarmiente y cesen las solicitudes de condiciones equitativas y transparentes para todos los ciudadanos. Que la gente calle por miedo.
El año electoral se proyecta como un año de persecuciones y de amenazas, mientras el tren oficial se desplaza a toda marcha hacia el 3 de diciembre. Como unos peligrosos conspiradores, la fiscal solicitó al tribunal 7º de Juicio que María Corina Machado y Alejandro Plaz sean juzgados por separado, en vista de que otros acusados, Luis Enrique Palacios y Ricardo Estévez, se les acusa de “complicidad”. Pero, además, como conspiradores de gran peligrosidad, deben ser juzgados tras las rejas. Con razón los abogados defensores advierten que en la próxima audiencia tanto Machado como Plaz pueden ser apresados.

Los defensores han denunciado diversas irregularidades a lo largo del proceso. A los acusados no se les permitió hablar.
La representante del Ministerio Público reiteró la solicitud de que sean juzgados en prisión, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo prohíbe. De modo que ni siquiera esas formalidades son tomadas en consideración.

Cuando el abogado Juan Martín Echeverría, h., insistía en tomar la palabra, el juez le ordenó a los alguaciles desalojarlo de la sala. Si uno quiere darse una idea de cómo se lleva a cabo el juicio, basta con este simple detalle. Se puede adivinar el desenlace.

Como antes se dijo, Machado y Plaz son acusados del delito de conspiración para “destruir la forma política republicana que se ha dado la nación”. Entre los delitos que se les imputan está el haber recibido dinero de la organización National Endowment for Democracy, de Estados Unidos. Palacios y Estévez enfrentan el proceso por el mismo delito, en grado de complicidad.

La fiscal Ortega Díaz pidió la pena máxima por el delito de conspiración, 16 años.
Este rigor no tiene precedentes en un país donde los conspiradores militares (como nuestro Presidente) eran juzgados sólo por jueces militares, nunca sufrieron sentencias de esa magnitud y terminaban siendo siempre objeto de medidas de gracia. Incluso en aquellas sangrientas ocasiones (como el 4F) en que los alzamientos dejaron cientos de muertos. Ahora que los golpistas del Samán de Güere están en el poder, miran con espanto el espectro de la subversión. Ven conspiradores hasta en organizaciones como Súmate. Pero nunca los civiles amenazaron a nadie.

Súmate ha actuado abiertamente, dando cuenta de sus ingresos y de sus egresos. Decir que las reuniones de Súmate no tenían un propósito de capacitación ciudadana sino un fin subversivo, el de derrocar al régimen bolivariano, es un argumento sólo válido para idiotas. Habría que premiar a los directivos de Súmate por ser esa clase de “conspiradores” que respetan la ley: serían una excepción en la historia de Venezuela.

Y es este régimen todopoderoso, donde predominan los militares, el más armado, el que cuenta con mayores recursos, el que se siente amenazado. Parece uno de aquellos cuentos de Antonio Arráiz donde tío Conejo pone a correr a tío Tigre. Desgraciadamente la cuestión no puede ser festiva, porque está en peligro la libertad de ciudadanos estimables, de venezolanos que han creído en la perfectibilidad de nuestras instituciones y han abogado por ellas. No se les puede condenar con burdas mentiras.
Defendamos ya la justicia y rechacemos todos este juicio absurdo.



— Súmate: Enfrentamos un proceso político
María Corina Machado, Alejandro Plaz y Ricardo Estévez, directivos de la asociación civil, manifestaron que no confían en el Poder Judicial porque estaría controlado por el Ejecutivo. Aseguraron que enfrentarán el juicio hasta el final para luego acudir a instancias internacionales
El Nacional, A2, 09 de Febrero de 2006
El 15 de febrero de 2004, Hugo Chávez acusó en su programa Aló, Presidente a la asociación civil Súmate del delito de conspiración y traición a la patria por haber recibido dinero de la organización no gubernamental estadounidense National Endowment for Democracy, por lo que el 4 de marzo del mismo año la Fiscalía 6º nacional, a cargo de Luisa Ortega Díaz, comenzó una investigación al respecto. Más de un año después, en julio de 2005, Ortega acusó formalmente a los directivos de Súmate Alejandro Plaz, María Corina Machado, Ricardo Estévez y Luis Enrique Palacios, del delito de conspiración para cambiar la forma republicana que se ha dado la nación.

Desde entonces se ha librado una lucha político-judicial que ha pasado incluso por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenó a través de una sentencia que si los acusados eran enviados a juicio debía ser en libertad. En ese sentido, Plaz, Machado y Estévez no dudan en considerar político el proceso judicial que se sigue en su contra. “Este es un proceso de orden estrictamente político, no hay ningún elemento legal de fondo y se han violentado nuestros derechos, pues aquí no se ha cometido ningún delito”, expresó Machado.

Plaz manifestó: “Este es un proceso de persecución política que se escuda detrás de una fachada legal, y la mejor forma de demostrarlo es por la tipificación del delito que se nos imputó”.

Estévez ratificó que la acusación interpuesta por la fiscal Ortega sólo busca “desmantelar una organización que lo único que ha hecho es defender y ejercer sus derechos como ciudadanos, por lo que es verdaderamente un caso de persecución política”.

Plaz destacó que una de las principales evidencias de que el proceso judicial está viciado se desprende de la misma acusación: “Ella (Ortega) iguala el hecho de pedir dinero a una ONG extranjera —no a un gobierno— para hacer unos cursos de educación sobre formación democrática con el delito de conspiración, porque dice que un curso sobre democracia es un asunto de política interna del país”. Añadió que si en Venezuela existiera justicia no hubieran sido enviados a juicio, pues no cometieron el delito de conspiración. “No confió en la justicia venezolana, el hecho de nosotros hayamos sido enviados a juicio implica que aquí no hay justicia”, señaló. La misma posición asumió Estévez, quien indicó que el Poder Judicial está controlado por el Ejecutivo: “Aquí lo que existe es una dictadura fascista, persecutora de los ciudadanos que tratan de ejercer democráticamente sus derechos”.

Machado indicó que las actividades de Súmate buscan realizar contraloría ciudadana, por lo que desestimó la acusación en su contra, por considerar que es política. “Queremos que sea la justicia venezolana la que se vea obligada a decir la verdad, yo confío en la fuerza de los ciudadanos y el poder que los venezolanos podemos tener de obligar a los poderes públicos a actuar conforme con la ley”, indicó.

Instancias internacionales
Como ya es frecuente en los procesos judiciales que involucran a sectores adversos al Gobierno, quienes son imputados o acusados manifiestan que sólo se limitan a cumplir con los trámites legales que corresponden en Venezuela para luego acudir a instancias internacionales. Súmate no es ajena a esa estrategia, por lo que Machado insistió en que continuarán denunciando dentro y fuera del país todas las supuestas violaciones del juicio en su contra. “Estamos llenando un expediente, estamos demostrándole en primer lugar a los venezolanos y también al resto del mundo, que los principios democráticos esenciales como la separación de poderes, el principio del Estado de Derecho, la libertad de expresión, las elecciones limpias, no están presentes ahora en nuestro país”, destacó.

Plaz afirmó que continuará en el juicio hasta las últimas consecuencias, a pesar de que no confía en el sistema y con la expectativa de acudir a entes extranjeros: “Una vez que acudamos a la última instancia judicial del país y el Tribunal Supremo de Justicia decida en nuestra contra, lo llevaremos a las cortes internacionales”. Todos aseveraron que concurrirán al Tribunal 7º de Juicio el martes próximo, para cuando fue convocada la segunda audiencia de juicio, en la cual se cree que se decidirá la medida privativa de libertad solicitada por la fiscal Ortega.

El ausente
Uno de los acusados en el expediente contra Súmate fue el coordinador de proyectos de la organización civil, Luis Enrique Palacios, quien no asistió a ninguna de las convocatorias que se hicieron para comenzar el juicio oral y público. Palacios aclaró la situación el martes a través de una carta: “Lamento no estar presente en la audiencia prevista... La decisión que he tomado pretende la protección personal y la de mi familia, ya que en los actuales momentos no se me garantiza un juicio justo e imparcial, que garantice mi derecho al debido proceso y a la defensa”.

Otras organizaciones financiadas por el NED
El National Endowment for Democracy no sólo ha financiado los proyectos de Súmate en Venezuela. En 2004, el NED aportó fondos para 13 proyectos en el país, por un monto total de 874.384 dólares. Entre las organizaciones que se han beneficiado de las donaciones está el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación Civil Consorcio Justicia y su centro en el occidente del país, Acción para el Desarrollo, el Centro al Servicio de la Acción Popular, Acción Campesina, la Asociación Civil Justicia Alternativa, la Asociación Civil Liderazgo y Visión —que dirige Cipriano Heredia—, la Fundación Justicia de Paz del estado Monagas. En 2003, los montos de las donaciones del NED superaron el millón de dólares, con aportes a 11 organizaciones venezolanas. Entre los beneficiarios también se cuenta la Fundación Momento de la Gente y la asociación civil Asamblea de Educación, que dirige Leonardo Carvajal. A diferencia del caso de Súmate, ninguna de estas organizaciones ni sus principales representantes han sido investigados por haber recibido fondos del organismo fundado en 1983 para “fortalecer las instituciones democráticas alrededor del mundo a través de esfuerzos no gubernamentales”, según expresan sus voceros. El NED ha subvencionado a grupos venezolanos desde 1993. Se define como una organización privada, que obtiene la mayor parte de su presupuesto del Congreso estadounidense, aunque también recibe fondos de corporaciones.

Defensa denuncia violaciones a las leyes
El líder del grupo de abogados que defiende a los dirigentes de Súmate, Juan Martín Echeverría, considera que el proceso judicial que se les sigue a Alejandro Plaz, María Corina Machado y Ricardo Estévez puede ser tomado como un caso modelo en el que se observan todas las violaciones a las leyes. “Estamos hablando de un caso que tenemos una enciclopedia de violaciones, y yo he repetido, y no me voy a cansar de repetir, que aquí podíamos hacer una auditoría legal, una auditoría de este proceso trayendo profesores de todas las universidades, inclusive de la Bolivariana, nacionales y extranjeros, para que se dieran cuenta. Estamos hablando de un caso de laboratorio donde tenemos todas las violaciones en un solo caso”.

Echeverría señaló que entre las supuestas infracciones destaca que el juez séptimo de juicio, Elías Álvarez, no ha decidido sobre las tres recusaciones que la defensa ha presentado en su contra: “Declara inadmisible las recusaciones por no tener fundamento”. El abogado defensor destacó que el juez suspendió la audiencia para la semana que viene y violó el derecho de los acusados de hablar en la audiencia: “Ellos solicitaron declarar, la Constitución y las leyes obligan al juez a tomarle declaración, en cada oportunidad que ellos quieran y el juez dijo que estaba bien, que ellos tenían su derecho, pero cuando él quisiera y que eso sería la semana que viene”.

Echeverría reveló que observadores de varios países están pendientes del proceso para luego sacar sus conclusiones sobre cómo se ha desarrollado el juicio contra los dirigentes de Súmate.



— Machado vincula su persecución con la agenda electoral oficial
La Verdad, 09 de Febrero de 2006
http://www.laverdad.com/detallenew.asp?idcat=1&idnot=33077
La dirigente de la asociación civil Súmate, María Corina Machado, señaló en conversación con La Verdad que no era "ni coincidencia ni casualidad" que mientras los diputados de la Asamblea Nacional aceleran su marcha para designar una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), "se persigue implacablemente" a los líderes de la organización no gubernamental. Machado expresó que el país vive actualmente "un momento crucial". De acuerdo a ello, argumentó que mientras los legisladores "ya tienen el comité preliminar para las postulaciones de la directiva del CNE, en una señal terrible, se persigue al mismo tiempo a Súmate, una organización que se ha destacado por su labor crítica en el plano electoral". "No es casual, no es una coincidencia la agenda electoral que tiene ahora el Gobierno con la persecución a Súmate", reiteró la dirigente, quien en compañía de tres directivos de la asociación tiene frente a sí un proceso judicial emprendido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de conspiración para destruir la forma política republicana de la nación.

Persecución despiadada
Al respecto, Machado enfatizó que "evidentemente se comprobó la naturaleza política de este juicio". A su parecer, "todo aquel que llegue a emitir opinión contraria al Gobierno o disienta de él, es sujeto de una persecución política implacable. Esto pasa actualmente con cualquier representante de la sociedad, ya sea de la Iglesia, de la sociedad civil, de los partidos". La líder de la organización no gubernamental apostó por la inocencia de su persona y de sus colegas, Alejandro Plaz, Ricardo Estévez y Luis Enrique Palacios. "No hemos cometido delito alguno y eso lo sabe la Fiscalía. Buscan callarnos, desarticularnos. Hasta el día de hoy aún no nos han permitido presentar pruebas, porque saben que si las presentamos se les cae la mentira", sentenció. En ese sentido, destacó que la reciente solicitud de la Fiscalía de la República para restringir la libertad de los acusados a partir de la próxima audiencia, pautada para el 14 de febrero, plantea "un desacato al fallo de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en noviembre de 2004, donde se ordenó que los acusados serían juzgados en libertad".



— El Viaducto Súmate
Punto Final 9.2.06 - Por Rodolfo Schmidt
09 de febrero de 2006
Durante la Inquisición, a las acusadas de ser “brujas” -con frecuencia- las envolvían con pesadas cadenas de hierro y las tiraban al agua. Si la “bruja” reflotaba, era por “inocente”. Si se hundía, ahogada, se había hecho “Justicia”. La Inquisición Penal que algunos “fiscales” y “jueces” monopolizan en esta Cubazuela -por instrucciones personales de El Unico- ya ha cobrado decenas de víctimas militares y civiles. Ahora apunta sin pudor ni disimulo a Súmate. Cuidado,...que Súmate preso se le puede convertir en su “Viaducto 1 institucional”.
1- “Siete años de cárcel al imán Abu Hamza por incitar al asesinato.
El clérigo radical islámico Abu Hamza, fue condenado hoy a siete años de cárcel por incitar en sus sermones al asesinato de no musulmanes y judíos y por otros cargos relacionados con el terrorismo. (...)
2- Fiscalía pidió 23 años de cárcel para María Corina Machado.
El tribunal séptimo a cargo del “juez” Elías Álvarez decidió diferir hasta el 14 de febrero el inicio del juicio contra cuatro directivos de la ONG Súmate, por “conspiración”, según acusa la Fiscalía General de la República. La defensa de los miembros de la organización informó que el Ministerio Público ha solicitado hasta 23 años contra María Corina Machado, quien podría quedar detenida en la próxima cita.(...)
En otras palabras, enseñar a votar a la gente y explicarle sus derechos legales y constitucionales es -para la “fiscal” y para el “juez”- más grave que incitar al asesinato. Claro,...Súmate tiene un folleto terrorista que reparte por allí: el contentivo de las 5 condiciones básicas para votar. Les infunde el propio terror.



— Irse ahora
La señal que está mandando el Gobierno desde hace mucho tiempo es “directivos de súmate váyanse del país”
Descifrado, 09 de Febrero de 2006
http://www.descifrado.com/articulo.php?idart=15163&cat=Política
Una atmósfera extremadamente política donde el Ministerio Público actúa sólo como acusador y no como garante de la legalidad, reinó este martes 7 de febrero en la audiencia pública del juicio penal en contra de los miembros de la Asociación Civil Súmate: María Corina Machado, Alejandro Plaz, Ricardo Estévez y Luis Enrique Palacios. La audiencia fue suspendida para el próximo martes 14 de febrero, cuando el juez a cargo del Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Juicio, Elías Álvarez, se pronunciará sobre la solicitud de la Fiscal Luisa Ortega Díaz de privar de libertad a los acusados durante el juicio, y de los pedimentos de la defensa de Súmate que entre otros incluye el sobreseimiento de la causa por no revestir los hechos investigados de carácter penal.

En la audiencia de este martes 7 de febrero, la Fiscal Sexta con Competencia Nacional, Luisa Ortega Díaz, se opuso a que se practique la prueba anticipada, ordenada en sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros; lo cual representa un evidente desacato. Igualmente la defensa denunció la falta del registro audiovisual del juicio, que es una obligación del Tribunal.

Para el abogado Juan Martín Echeverría (hijo) el juez a cargo de la causa no podía declarar inadmisibles las distintas recusaciones hechas en su contra y en particular aquella donde alega que no es el juez que conoce de la causa, cuando ha debido desprenderse del expediente y tramitar desde un principio la recusación planteada, por que hay causales objetivas de recusación evidenciadas en las actas del expediente. Asimismo, los abogados de la defensa solicitaron se practicara la prueba anticipada, que es sumamente importante por tratarse de los cuatro testigos miembros de la National Endowment for Democracy (NED), desestimada por el Ministerio Público y el Tribunal de Control pero ordenada por la Sala Penal cuando se avocó al conocimiento del expediente y determinó graves violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso, y así lo estableció en su sentencia.

Los acusados no fueron escuchados
Tanto el Ministerio Público como el juez están en la obligación de escuchar los planteamientos de los acusados y se negaron a hacerlo. Uno de los hechos más graves que sucedieron en la audiencia, de acuerdo a los abogados de la defensa, fue que el juez no permitió que los acusados hablaran. Echeverría (hijo) expresó que la Constitución y las leyes, como el Código Orgánico Procesal Penal, expresan muy claramente que los acusados pueden intervenir en el momento que lo deseen. “Increíblemente cuando los acusados manifestaron su deseo de intervenir, el juez suspendió la audiencia”. Otra de las irregularidades es que el juez comenzó la audiencia pública como Tribunal Unipersonal, existiendo un recurso de apelación en contra de esta decisión ante la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones. Todo ello de conformidad con el artículo 439 del COPP produce un efecto suspensivo y ello fue ratificado en decisión del mes de abril de 2005 de la Sala Constitucional, cuyo efecto es vinculante para la administración de justicia y el Ministerio Público.

Fiscalía desacata decisión de la Sala Penal
A los abogados de la defensa les preocupa que la Fiscal del Ministerio Público haya solicitado al Tribunal Séptimo un pronunciamiento sobre la aplicación de medidas privativas de libertad en contra de Alejandro Plaz y María Corina Machado, y medidas sustitutivas contra Ricardo Estévez. Ante esta insistencia de la representante del Ministerio Público, Juan Martín Echeverría dijo “…cualquier cosa puede ocurrir, a pesar de que es un desacato frontal a la decisión de la Sala Penal del TSJ, que ordenó practicar las pruebas anticipadas y que los miembros de Súmate sean juzgados en libertad”. Echeverría (hijo) manifestó tener fundados temores de que esta solicitud de la Fiscalía se concrete el próximo 14 de febrero de 2006, después de haber observado como este martes se violaron normas constitucionales y legales de forma flagrante y evidente.

Desconocimiento de las normas elementales del Derecho
Para Juan Martín Echeverría (padre) este martes reinó “una atmósfera extremadamente política donde el estado de derecho se lanzó a la papelera, donde la administración de justicia mostró su peor rostro, donde el Ministerio Público actuó como acusador y desconoció sus responsabilidades como garante de la legalidad”. Ante la posibilidad de que el próximo martes 14 de febrero se produzca la detención de los miembros acusados de Súmate, Echeverría (padre) afirma que evidentemente se trata de “la señal que está mandando el gobierno desde hace mucho tiempo: Directivos de Súmate váyanse del país”



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