| Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2005
(Annual Report of The Inter-American Commission on
Human Rights 2005)
Fuente/Source: www.cidh.oas.org
& El Universal
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Inter-American Commission on Human Rights)
2 de Mayo de 2006
•
Comunicado de Prensa - Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Organización de los Estados
Americanos - CIDH
CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) presentó su informe anual en donde incluyó
una sección sobre los derechos humanos en Venezuela.
En dicha sección, la Comisión expresó
su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales
de personas que se han presentado en forma sistemática
en algunas regiones del país y por la persecución
a testigos de este tipo de hechos. La impunidad frente
a casos de ejecuciones extrajudiciales es uno de los
graves problemas que confronta Venezuela, siendo una
problemática que abarca la actividad de grupos
parapoliciales, fenómenos de violencia contra
personas socialmente marginadas y la persecución
de campesinos involucrados en el proceso de reforma
agraria.
La CIDH expresó su preocupación porque
el Estado de Venezuela continua considerando que las
decisiones de la Comisión Interamericana no
son vinculantes en su ordenamiento jurídico
interno. La Comisión reiteró la jurisprudencia
de la Corte Interamericana sobre el deber de los Estados
de cumplir las obligaciones convencionales de buena
fe y sobre el deber de los Estados de implementar
y cumplir con las resoluciones emitidas por sus órganos
de supervisión.
En cuanto a la administración de justicia,
la Comisión valoró como aspecto positivo
los programas impulsados en orden a fortalecer la
cobertura, eficiencia y tecnología del sistema
de administración de justicia, así como
aquellas iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones
laborales de los jueces. De otra parte, la CIDH tomó
nota de los programas de regularización para
impulsar la titularidad de los jueces.
Sin embargo, la CIDH reiteró su preocupación
por la continuidad de un alto porcentaje de jueces
en situación de provisionalidad. A ello se
suma la irregular situación de funcionamiento
de que ha acompañado a las Cortes Primera y
Segunda de lo Contencioso Administrativo, toda vez
que la mayoría de la Corte Primera fue destituida
en octubre de 2003 y este tribunal estuvo sin funcionar
durante nueve meses. La Comisión reiteró
que es problemático que un tribunal que debe
analizar asuntos de gran importancia –y, en
particular, muchos actos del poder ejecutivo- lleve
ya varios años sin contar con jueces de carrera.
Asimismo, la CIDH informó sobre la continuidad
de problemas relacionados con la falta de estabilidad,
el régimen transitorio en el que se encuentra
la jurisdicción disciplinaria y la posible
manipulación del poder judicial por parte del
poder ejecutivo; además expresó su preocupación
por la provisionalidad de un alto número de
fiscales adscritos al Ministerio Público. La
CIDH observó además que continúan
sin cumplirse sus recomendaciones relacionadas con
la aplicación de la justicia penal militar
contra civiles y militares retirados. Aproximadamente
un centenar de civiles habrían sido juzgadas
o estarían siendo juzgados ante la justicia
militar desde octubre de 2003.
Por otra parte, la Comisión manifestó
preocupación por las denuncias recibidas sobre
la violencia registrada en las cárceles, penitenciarías
e internados judiciales de Venezuela. Las cifras recibidas
por la Comisión registraron 360 muertos y 69
heridos, entre enero y octubre de 2005. Entre los
motivos de esta situación se señala
la falta de personal de custodia calificado, su posible
aquiescencia en actividades ilícitas como el
tráfico de drogas y armas, y el número
reducido de vigilantes para mantener el orden y la
disciplina interna.
La CIDH dedicó una sección especial
a la problemática sobre tolerancia al disenso
o crítica política y a las actividades
fiscalizadoras de la sociedad civil. En este sentido,
la Comisión manifestó su preocupación
por las denuncias recibidas de personas presuntamente
discriminadas en razón de su participación
en el referendo revocatorio, y la continuidad de los
efectos de la llamada "Lista Tascón"
(con los firmantes del referendo del año 2004),
especialmente reflejados en despidos y discriminación
en el acceso a los servicios públicos.
Por otra parte, la Comisión también
se refirió a la situación de los defensores
y defensoras de derechos humanos, manifestando su
preocupación por la continuidad de las denuncias
relacionadas con hostilidades y amenazas contra la
integridad física de los defensores y defensoras.
Asimismo, la CIDH se pronunció sobre la gravedad
por la descalificación del trabajo de los defensores
y defensoras de derechos humanos por parte de las
autoridades estatales, del poder legislativo, ejecutivo,
ministerio público e incluso del poder judicial,
relacionándolos con "estrategias golpistas"
o desestabilizadoras. Asimismo, la Comisión
expresó preocupación por las restricciones
al financiamiento internacional mediante procesos
penales abiertos con fundamento en una interpretación
extensiva de ciertos delitos como "solicitud
de intervención extranjera en los asuntos de
política interior".
En cuanto al derecho a la libertad de expresión,
la Comisión manifestó su preocupación
por las denuncias recibidas en el 2005 en cuanto a
la promulgación de leyes que afectan la libertad
de expresión; el aumento de procesos penales
en contra de periodistas; acciones discriminatorias
en el otorgamiento de la publicidad oficial, además
de intimidaciones, ataques, hostigamientos y detenciones
por parte de efectivos militares en contra de periodistas.
En cuanto a la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión de Venezuela, la CIDH expresó
preocupación por las amplias restricciones
a los contenidos de los medios de comunicación,
y por la creación del Directorio y Consejo
de Responsabilidad Social, con amplio poder sancionatorio,
sin que se hayan establecido los límites a
sus facultades.
Respecto de los derechos económicos, sociales
y culturales la Comisión expresó satisfacción
por el resultado favorable de programas estatales,
llamados Misiones, relacionados con la cobertura de
estos derechos, en particular las Misiones sobre alfabetización
y agua potable. Asimismo, la Comisión manifestó
su satisfacción por la sanción de la
Ley Aprobatoria del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en marzo de 2005.
Para concluir, la Comisión informó que
durante su visita in loco a Venezuela llevada
a cabo en el año 2002 el Estado manifestó
su disposición para realizar cuantas visitas
de seguimiento considerara necesarias. Desde tal fecha,
la CIDH y su Relator para los asuntos de Venezuela,
el Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, han venido
sosteniendo diversas conversaciones con el Estado
con el fin de concretar la mencionada visita. En el
presente la Comisión se encuentra a la espera
de una respuesta del Estado con una propuesta de fecha
definitiva.
•
CIDH preocupada por derechos humanos en Venezuela
El Universal, 2 de Mayo de 2006
En su informe anual, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación
por la situación de los derechos fundamentales
en Venezuela.
Mostró espacial atención a los casos
de ejecuciones extrajudiciales que se han presentado
en "forma sistemática en algunas regiones
del país", así como también
por la persecución a testigos de este tipo
de hechos.
"La impunidad frente a casos de ejecuciones extrajudiciales
es uno de los graves problemas que confronta Venezuela,
siendo una problemática que abarca la actividad
de grupos parapoliciales, fenómenos de violencia
contra personas socialmente marginadas y la persecución
de campesinos involucrados en el proceso de reforma
agraria", reseñó comunicado de
prensa de la CIDH.
La institución defensora de DDHH lamentó
particularmente que "el Estado de Venezuela continua
considerando que las decisiones de la Comisión
Interamericana no son vinculantes en su ordenamiento
jurídico interno".
En este sentido, recordó la obligación
de los Estados de cumplir con las convenciones de
buena fe e implementar las resoluciones emitidas por
sus órganos de supervisión, de acuerdo
a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
Aunque valora los esfuerzos del Poder Judicial en
la promoción de programas de regularización
para impulsar la titularidad de los jueces, la CIDH
también reiteró su preocupación
por la existencia de un alto porcentaje de jueces
en situación de provisionalidad, así
como también fiscales, que podrían degenerar
en una posible manipulación del poder judicial
por parte del Poder Ejecutivo.
"A ello se suma la irregular situación
de funcionamiento de que ha acompañado a las
Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo,
toda vez que la mayoría de la Corte Primera
fue destituida en octubre de 2003 y este tribunal
estuvo sin funcionar durante nueve meses", refirió
el comunicado.
La Comisión reiteró que es problemático
que un tribunal que debe analizar asuntos de gran
importancia -y, en particular, muchos actos del Poder
Ejecutivo- lleve ya varios años sin contar
con jueces de carrera.
El informe observó, igualmente, que continúan
sin cumplirse sus recomendaciones sobre la aplicación
de la justicia penal militar contra civiles y militares
retirados. "Aproximadamente un centenar de civiles
habrían sido juzgadas o estarían siendo
juzgados ante la justicia militar desde octubre de
2003", refirió la CIDH.
La violencia carcelaria también fue un tema
de preocupación incluido en el documento. Las
cifras recibidas por la Comisión registraron
360 muertos y 69 heridos, entre enero y octubre de
2005.
Asimismo la CIDH dedicó una sección
especial a la problemática sobre tolerancia
al disenso político y manifestó su preocupación
por las denuncias recibidas de personas presuntamente
discriminadas en razón de su participación
en el referendo revocatorio, y la continuidad de los
efectos de la llamada "Lista Tascón"
traducidos en despidos y discriminación en
el acceso a los servicios públicos.
La comisión se pronunció de igual manera
sobre la gravedad de la descalificación del
trabajo de los defensores y defensoras de derechos
humanos por parte de las autoridades estatales, del
Poder Legislativo, Ejecutivo, Ministerio Público
e incluso del Poder Judicial, relacionándolos
con "estrategias golpistas" o desestabilizadoras.
Asimismo, la Comisión expresó preocupación
por las restricciones al financiamiento internacional
mediante procesos penales abiertos con fundamento
en una interpretación extensiva de ciertos
delitos como "solicitud de intervención
extranjera en los asuntos de política interior".
La promulgación de leyes que afectan la libertad
de expresión también fue materia de
preocupación en el informe, así como
el aumento de procesos penales en contra de periodistas,
acciones discriminatorias en el otorgamiento de la
publicidad oficial, además de intimidaciones,
ataques, hostigamientos y detenciones por parte de
efectivos militares en contra de periodistas.
"En cuanto a la Ley de Responsabilidad Social
en Radio y Televisión de Venezuela, la CIDH
expresó preocupación por las amplias
restricciones a los contenidos de los medios de comunicación,
y por la creación del Directorio y Consejo
de Responsabilidad Social, con amplio poder sancionatorio,
sin que se hayan establecido los límites a
sus facultades", precisó el informe.
Como aspecto positivo, la CIDH expresó satisfacción
por el resultado de programas de derechos sociales
y económicos como las "misiones",
en particular las misiones relacionadas a la alfabetización
y el agua potable.
La comisión recordó al gobierno que
sigue esperando, desde el año 2002, una respuesta
de su parte en torno a la fecha en la que podría
acudir a Venezuela para realizar una visita de seguimiento.
Para leer el "Informe sobre la situación
de los Derechos Humanos en Venezuela", hacer
click aquí
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IACHR voices concern about the human rights situation
in Venezuela
El Universal, May 2, 2006
In its annual report, the Inter-American Commission
on Human Rights (IACHR) expressed its concern about
the human rights situation in Venezuela.
IACHR showed concern about the cases of "systematic"
extrajudicial executions in some regions in the country,
as well as the persecution of witnesses of such executions.
"The impunity that exists in cases of extrajudicial
executions is one of the most serious problems that
confronts Venezuela, since it is a problem that involves
the activity of private vigilante groups."
In a press release, the Commission also cited as another
area of serious concern the "phenomena of violence
against socially marginalized persons and the persecution
of those living in rural areas who are involved in
the process of agrarian reform."
The human rights institution particularly regretted
the fact that "the Venezuelan State continues
to consider that the Commission's decisions are not
binding upon its internal legal system."
It reminded "the duty of States to comply with
their international obligations in good faith, and
the duty of States to implement and comply with resolutions
emitted by the supervisory organs of the treaties
to which they are parties," in accordance with
the jurisprudence of the Inter-American Court.
Click here
to read the "Report on the Situation of Human
Rights in Venezuela" in English
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